EscucharSan Luis, Misuri, EE.UU. Los limitados derechos de los acusados en los tribunales de inmigración se están esfumando a causa de los ataques terroristas del mes pasado, según se quejan los abogados de inmigración. Afirman que les resulta más difícil tener acceso a sus clientes detenidos y averiguar los cargos que enfrentan.
``Tenemos que proteger nuestro país, pero no abandonando nuestra carta de derechos para pisotear a la gente de ascendencia árabe o islámica'', dijo Justin Meehan, un abogado que trabaja como voluntario para el Centro Islámico del Gran San Luis.
Desde los ataques del 11 de septiembre, las autoridades han detenido a unas 700 personas como parte de la investigación.
``Creo que está claro que algunos abogados de inmigración todavía no han advertido lo que ocurrió el 11 de septiembre'', dijo Russ Bergeron, del Servicio de Inmigración y Naturalización, al St. Louis Post-Dispatch en un artículo publicado el lunes.
``Esta es una investigación expeditiva y en desarrollo del acto criminal más grave jamás perpetrado contra el pueblo norteamericano'', dijo Bergeron. ``Criticar al Servicio de Inmigración y el gobierno federal por actuar cuidadosa y cautelosamente antes de dejar en libertad bajo fianza a un individuo arrestado en esta investigación es una visión muy estrecha que claramente no comparte la enorme mayoría del pueblo''.
``Las cosas son diferentes ahora'', acotó.
En la zona de San Luis, tres hombres detenidos desde los ataques admiten que estaban ilegalmente en Estados Unidos por quedarse después que expiraron sus visas mientras trabajaban, dicen sus abogados. Los tres han negado enérgicamente toda conexión con los ataques y han colaborado con los investigadores pero siguen en la cárcel sin fianza, dicen sus abogados.
``Siento que es un abuso, una discriminación'', se lamentó Osama El Far, detenido desde el mes pasado desde que un compañero de aerolínea en el aeropuerto Lambert lo denunció.
Habitualmente, dicen los abogados, los tres habrían sido retenidos durante unas horas antes de presentar una fianza. Los que accedieran a irse voluntariamente tendrían uno o dos meses para arreglar sus asuntos personales y luego irse del país por cuenta propia. Pero eso ha cambiado.
Las decisiones sobre las fianzas para cada uno de los 20.000 en custodia del Servicio de Inmigración se hacen ahora caso por caso, teniendo en cuenta si hay peligro de que se escape o si constituye una amenaza al público o a las seguridad nacional, dijo Bergeron.
Edición periodística: Adriana Quirós Robinson, Editora nacion.com Fuente: agencias.
