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Sobre la defensa de los/as trabajadores/as

Actualizado el 28 de septiembre de 2012 a las 12:00 am

Urge un debate nacional para establecer quién liderará defensa de trabajadores/as

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Sobre la defensa  de los/as trabajadores/as - 1
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Recientemente se le ha dado la aprobación legislativa al expediente 15990, el cual es la más importante reforma que nuestro Código de Trabajo ha sufrido desde su promulgación.

Aplaudida por la mayoría, esta reforma busca darle celeridad a los procesos laborales, los cuales hoy tienen un importante rezago en cuanto al tiempo de solución de estos.

Nada hacemos, por ejemplo, al tener un fuero protector hacia las trabajadoras embarazadas si los mismos procesos duran hasta cuatro años haciendo nugatorio su reinstalación.

Nuestro Código de Trabajo actual cuenta con el principio de gratuidad hacia la parte trabajadora plasmándose esto en cuatro derechos que se enuncian a continuación: la exención del pago de cualquier timbre, la posibilidad de litigar sin abogado, la facultad de entregar escritos (siempre y cuando sea en forma personal) sin necesidad de autenticación y por último la de no entregar copias de la demanda como pasa en materia civil.

Este principio de gratuidad respondía a la Costa Rica de los 40 y 50 en donde la gran mayoría de la mano de obra se concentraba en labores agrícolas. Hoy los tiempos han cambiando y este principio se queda corto en su concepción clásica por cuanto nada hace el trabajador pudiendo litigar sin abogado u abogada que lo represente si en el otro lado el patrono le presenta una batería de abogados corporativos. Bajo esta tesitura, muchas veces se ha negado el acceso a una justicia pronta y cumplida.

Costa Rica es signante de las Reglas de Brasilia para el Acceso a la Justicia de Población Vulnerable. Dichas reglas establecen que de nada vale tener el derecho, si este derecho no se puede ejecutar. En este caso, esta ejecución se ve desde el punto de vista económico entendido como el acceso de la población hacia patrocinio letrado. La agencia estadounidense USAID trató de colaborar con esto junto con el Colegio de Abogados al iniciar la Defensoría Social Laboral del II Circuito Judicial. Sin embargo, hoy este proyecto está venido a menos no siendo ya un modelo de referencia.

La reforma procesal laboral, en espera de ser ratificada por la señora presidenta, introduce los artículos 454 y 455, los cuales vienen a sentar una obligación del Estado de otorgar patrocinio letrado a los trabajadores que ganen menos del doble del salario base que gana un auxiliar judicial. Bajo este monto, se ubica a la gran mayoría de trabajadores de este país.

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Recientemente, Marta Iris Muñoz, en su calidad de jefa de la Defensa Pública, arremetió contra este proyecto de ley argumentando, con justa razón para este servidor, que se colocaba a la Defensa Pública en una posición muy comprometida por cuanto si ahora falta el recurso humano, con la recarga de la materia laboral, posiblemente se colapse la atención.

A pesar de que en el proyecto se establece que el presupuesto para la Defensa Laboral no va a estar incluido dentro del presupuesto del Poder Judicial, hasta ahora se desconoce si existe contenido para este

Debate nacional. Estos 18 meses, contados desde que se publique en LaGaceta , deben de servir para iniciar un debate nacional a fin de establecer quién va a llevar la defensa de los trabajadores y trabajadoras del país. Algunas voces argumentan que no debería ser la Defensa Pública por cuanto al estar adscrita al Poder Judicial el sistema se convierte en juez y parte.

Otros, dentro de los que me incluyo, pensamos que debería considerarse ver esta materia no desde el punto de vista de defensa sino desde el punto de vista de acusación. El trabajador o trabajadora raramente es demandado por el patrono (siendo la causal casi exclusiva la del pago del pre aviso no dado), en la gran mayoría de los casos el patrono es el demandado. Nada obsta en pensar crear una Fiscalía Laboral independiente de la Fiscalía General y adscrita ya sea a la Sala Segunda o al Ministerio de Trabajo.

Como no existen delitos en materia laboral todavía en nuestro Código Penal, a esta Fiscalía se le debería dar legislación propia que le dé funciones y herramientas como, por ejemplo, que los fiscales laborales tengan las facultades de convertirse en ejecutores cuando el fallo es favorable, o bien pensar en introducir el allanamiento en vía laboral para cuando el patrono esconde bienes muebles y no deja entrar a su propiedad con el fin de embargarlos.

Quedan 18 meses para ver esto; ojalá que el foro nacional pueda llegar a alguna solución antes de esa fecha por cuanto a como está redactado el proyecto la gran mayoría de los trabajadores y trabajadoras del país van a quedar a la buena voluntad como hasta ahora ha ocurrido.

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