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En defensa de la familia

Actualizado el 26 de mayo de 2012 a las 12:00 am

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En respuesta a las gratuitas agresiones que se me hicieron (“Los derechos no son negociables”, Foro, LaNación, 17/05/2012), me permito aclarar que el Diccionario de la Real Academia Española define la palabra “homofóbico” como “aversión obsesiva hacia las personas homosexuales”.

En ese sentido, jamás sere “homofóbico” dado que acepto a todos los seres humanos y estoy convencido que todos tenemos iguales derechos sin que puedan darse discriminaciones odiosas por razón de la orientación sexual y/o las creencias religiosas entre las personas.

La homofobia es una enfermedad mental propia de personas desequilibradas que rechazan e incitan a la violencia contra los demás por sus preferencias o características deportivas, religiosas, nacionales, étnicas o sexuales, entre otras.

Por eso resulta irrespetuoso el tildarme de homofóbico; eso es un ejemplo de actitud intolerante que resulta en agresión no solo para mí, sino también contra quienes pensamos diferente. Las personas por sus preferencias merecen respeto, y nosotros por los criterios y creencias también merecemos respeto.

Ahora bien, las discusiones y las diferencias de criterios en las que he participado nacen principalmente en la Asamblea Legislativa donde se encuentran presentados varios proyectos de ley, en los que sin excepción se pretende equiparar el matrimonio fundado en la unión de un hombre y una mujer, con la cohabitación de dos personas del mismo sexo.

De aprobarse dichos proyectos, se otorgarían exactamente los mismos efectos patrimoniales y no patrimoniales del matrimonio a las uniones homosexuales, de forma que en el fondo no habría ninguna diferencia con el matrimonio, salvo, por supuesto el nombre.

Lo importante de una ley no es su nombre, sino su contenido. Algunos dirán que los proyectos de ley indicados no tienen relación con el matrimonio. ¡Falso! Se otorgan los mismos derechos del matrimonio, y sucedería al igual que en México: que en el año 2006 se aprobó la ley de sociedades de convivencia (figura jurídica idéntica al matrimonio) y en el año 2009, el legislador aprobó el matrimonio homo- sexual, incluido el derecho de adoptar niños, porque consideró que no tenía sentido tener dos figuras jurídicas idénticas en contenido.

Que los homosexuales son ciudadanos con todos los derechos iguales a los demás es algo que no niego. Pero la discusión de equiparar las uniones homosexuales al matrimonio no es sobre igualdad, es sobre defensa del matrimonio: la Constitución que juré defender dice que es base esencial de la familia y fundamento de la sociedad.

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Sin la unión del hombre y la mujer, la sociedad se extinguiría, pues de esa unión nacen sus futuros miembros. Así las cosas, es evidente que el Estado tiene una obligación de proteger el matrimonio de forma especial, y eso es precisamente lo que estoy haciendo.

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