EscucharLa libertad de expresión es un derecho inherente al sistema democrático, cuyas frecuentes violaciones por parte de Gobiernos, instituciones civiles y agrupaciones varias demandan una particular vigilancia cívica. No en vano la historia nos recuerda cómo, en diferentes regiones del mundo, iniciativas oficiales de rostro inocente han portado la intención de cercenar libertades fundamentales de la ciudadanía.
Los ejemplos son agobiantes y van desde la transmutación de Gobiernos legítimos en sistemas totalitarios en la Europa Oriental de la posguerra, hasta la hipocresía de dictadores latinoamericanos y grupos afines que proclaman con sospechosa frecuencia su adhesión a la democracia.
La creciente vulnerabilidad de los derechos de expresión en naciones de nuestro hemisferio ha exigido un particular resguardo supranacional. Con fundada preocupación, se observa también que países e instituciones con una fuerte tradición democrática han sido víctimas de esfuerzos para debilitar su celo por el resguardo de la verdad y el correspondiente derecho.
Esa dinámica fue descrita recientemente en esta página editorial al analizar los reiterados empeños de los países de la llamada Alianza Bolivariana para los pueblos de Nuestra América (Alba) contra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Liderada por Venezuela, Ecuador y Nicaragua; el objetivo del Alba es debilitar el Sistema Interamericano en represalia por su defensa de los derechos vulnerados por los gobernantes de la Alianza.
Los Gobiernos del Alba han adoptado una estrategia consistente en corromper y amenazar a los tribunales locales, las legislaturas y hasta los principales medios de comunicación para debilitarlos. Un ejemplo es la persecución contra destacados periodistas que osaron criticar al presidente ecuatoriano Rafael Correa. Un controvertido proceso judicial culminó con la condena del medio y los periodistas, además de la imposición de penas pecuniarias exageradas. La campaña emprendida por el mandatario de Ecuador, además de intimidar a los medios de comunicación, busca también arruinarlos económicamente mediante penas exageradas.
La intervención del Sistema Interamericano para salvaguardar la libertad de expresión en ese caso convenció a Correa y al Alba de adoptar la meta estratégica de socavar a las instituciones interamericanas.
El fallecido presidente Hugo Chávez ya había dado los pasos iniciales en esa dirección. En la mira están la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, establecida hace medio siglo, y su Relatoría para la Libertad de Expresión.
Con discreta complicidad del secretario general de la OEA, la iniciativa procura promover cambios drásticos en las regulaciones que afectan las funciones y presupuestos del área de derechos humanos del organismo internacional.
En varias reuniones hemisféricas se ha ido cerrando el círculo del asedio iniciado por Correa y sus aliados. De prosperar finalmente esta serie de reformas, la defensa de los derechos humanos en la región se verá profundamente menoscabada.
La composición política del plenario de la OEA es mayoritariamente de democracias constitucionales. Correa y su equipo, incluidos los Gobiernos caribeños, cuentan con 15 votos. Para definir las cosas, necesitarían solo tres votos más, es decir, 18 votos.
No es prudente minimizar los tentáculos del Alba. En una atmósfera en la que los favores pendientes entre Gobiernos se saldan, no hay resultados seguros.
Pronto habrá reuniones de la OEA y sus principales órganos donde el tema de los Derechos Humanos figurará de manera prominente. Sería lamentable para la causa democrática interamericana que las argucias de Correa y sus asesores fructifiquen. Países como Costa Rica, cuya actuación ha sido muy honrosa a lo largo de la crisis, deben estar preparados para intensificar sus esfuerzos.
Vivimos una era de cambios probables, no en poca razón por la desaparición de Hugo Chávez. Asoma una pelea política en la jefatura del régimen chavista cuyo resultado Nicolás Maduro no tiene asegurado. También habrá elecciones presidenciales que, conforme a la Constitución Bolivariana , deberán realizarse treinta días después del fallecimiento de Chávez. Tampoco es dable minimizar la fuerza de la oposición democrática en esta contienda.
Esperemos que un nuevo curso democrático tome fuerza en Venezuela para beneficio de ese país y del Hemisferio.
