EscucharWashington, 9 may (EFE).- El Gobierno de EEUU intenta atajar la controversia sobre los abusos de prisioneros iraquíes con rápidas cortes marciales, pero legisladores de ambos partidos dicen que la culpa no recae sólo en los soldados implicados.
El Departamento de Defensa informó hoy de que el próximo 19 de mayo someterá a una corte marcial al sargento Jeremy Sivits, uno de los siete acusados de abusos en la prisión de Abu Gharib de Bagdad, por maltratos y crueldad.
Al mismo tiempo, la Casa Blanca insiste en que las irregularidades son obra de "unos pocos". Sin embargo, el anuncio del juicio militar y estas declaraciones no ha convencido ni siquiera a sus aliados políticos.
"No queremos que un grupo de sargentos y soldados rasos sean los chivos expiatorios", señaló el senador republicano Lindsey Graham en la cadena de televisión "NBC".
"Creo que estamos lidiando con fallos del sistema", añadió y enfatizó que se deben depurar responsabilidades sin importar el cargo de la persona.
"Alguien dio las órdenes, alguien sabía lo que estaba pasando, alguien permitió que continuase y todavía no hemos encontrado a esa persona", dijo en la cadena "ABC" el senador demócrata Patrick Leahy.
Por su parte, su colega republicano Chuck Hagel pidió en la cadena "CBS" que se hagan públicas las fotos adicionales y vídeos que existen de los abusos y que el Pentágono tiene en su poder, como reconoció el propio secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, en su comparecencia ante el Congreso esta semana.
Rumsfeld está en el ojo del huracán y numerosos legisladores demócratas han pedido su cabeza.
"Sería algo muy patriótico si el secretario Rumsfeld dimitiese, pero el tema va más allá del secretario de Defensa (...), va hasta lo más arriba", señaló en "NBC" el ex general Wesley Clark, quien fue un aspirante a la candidatura demócrata a la presidencia.
Tanto Clark como el senador demócrata Carl Levin afirmaron que la culpa última de los abusos está en unos procedimientos que priman la obtención de información y dejan de lado el derecho internacional.
"Esto es parte de una nueva política de inteligencia que va hasta el Pentágono y quizás más allá", señaló Levin, pues el mismo presidente de EEUU, George W. Busy, colaboró "en la creación de una atmósfera" que permitió los abusos al socavar la Convención de Ginebra, que protege a los prisioneros de guerra.
La administración ha calificado a cientos de detenidos en Guantánamo e incluso a algunos en EEUU como "combatientes enemigos" y no les aplica la Convención ni los derechos legales contemplados en la Constitución.
Rumsfeld es el arquitecto de esta política de detenciones, implementada por Estados Unidos desde los atentados del 11 de septiembre de 2001, y la Casa Blanca ha lanzado una contraofensiva para defender su actuación.
La Consejera de Seguridad Nacional, Condoleezza Rice, dijo en una entrevista publicada hoy en el diario "The New York Times" que Rumsfeld tiene el "apoyo más fuerte posible" de la administración.
Por su parte, el vicepresidente de EEUU, Dick Cheney, emitió un comunicado la noche del sábado, en el que le define a Rumsfeld como "el mejor secretario de Defensa que Estados Unidos ha tenido nunca" y añade: "Deberían dejarlo en paz y dejarle hacer su trabajo".
Pero una muestra del descontento en sus propias filas fue la reacción de Graham, correligionario de Bush, quien dijo que la declaración de Cheney es tan "inapropiada como pedir la dimisión de Rumsfeld", a la que él se opone.
El senador republicano señaló que las audiencias de la legislatura sobre el tema no tienen como objetivo incomodar a Rumsfeld.
"El Congreso tiene una obligación independiente de descubrir lo que pasó en esa prisión, que nos afecta a todos", declaró.
La controversia sobre los abusos no tiene visos de aplacarse, a pesar de los esfuerzos de la Casa Blanca.
"Hay muchas, muchas investigaciones en marcha como resultado de muertes en Afganistán e Irak, muertes a manos de autoridades estadounidenses", dijo Hagel, quien las calculó en por lo menos unas 30, aunque señaló que "no todas son homicidios". EFE
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