Escuchar“Cuestión de sentido común” es el título del editorial del periódico La Nación del sábado 9 de marzo. En él se dice: “La naturaleza pide a gritos la incorporación del sector privado a la generación eléctrica ' el sentido común implora el desarrollo de la generación privada, siempre sometida a una regulación sensata. Nuestro país, rico como pocos en recursos energéticos, se ha visto en la necesidad de comprar electricidad a naciones vecinas de Centroamérica, donde la generación privada es muy importante.
Preferimos, entonces, comprar energía al empresario extranjero y dejar en esas tierras el estímulo a la inversión, el empleo y el desarrollo. ' Frente a tantas buenas razones, la ley todavía niega a los generadores privados importantes economías de escala. La capacidad de sus plantas está limitada a 50 MW si las construyen para operarlas durante un plazo y luego traspasárselas al ICE. Si la intención es operarlas durante la totalidad de su vida útil, la capacidad máxima permitida por ley es de 20 MW. En conjunto, la generación privada no puede sobrepasar el 30% de la capacidad instalada nacional, como si al país le sobrara inversión, eficiencia y energía limpia”.
Un Estado vigoroso. No puedo estar más de acuerdo con ese editorial. Lo he dicho durante años y lo reiteré en mi discurso del Congreso Ideológico Daniel Oduber Quirós el 22 de mayo del 2005: “Necesitamos una socialdemocracia que defienda la presencia de un Estado vigoroso. Pero también precisamos una socialdemocracia que sea honesta consigo misma y que admita que, por gloriosos que hayan sido algunos logros de la actividad estatal en Costa Rica, ningún principio socialdemócrata alcanza para justificar toda intervención estatal como intrínsecamente virtuosa y justa. Frecuentemente, lo que hemos entendido por socialdemocracia no es más que una defensa sin cortapisas de un estatismo paralizante y hasta antidemocrático.
En efecto, nunca debemos presumir que el control estatal de los medios de producción o de los procesos sociales es equivalente a su control por parte de los ciudadanos. Ya hemos visto muchos casos en que el dominio estatal de un servicio o institución no es otra cosa que una coartada para esconder su control por parte de grupos, gremios e intereses minoritarios y mezquinos que muy poco tienen que ver con los del pueblo costarricense. Una socialdemocracia moderna es la que entiende que es imprescindible rectificar el papel del estado en Costa Rica, que es necesario liberar al sector privado de las ataduras que durante mucho tiempo lo condenaron a la ineficiencia y que es sano que la iniciativa privada se ocupe de muchas funciones productivas asumidas por el estado en el pasado”.
Proyecto de electricidad. Dentro de este marco conceptual e ideológico salimos Laura Chinchilla, Kevin Casas y yo a pedirle los votos a los costarricenses en la campaña 2005-2006 y lo que nos permitió terminar, con el triunfo del referéndum en octubre del 2007, con los monopolios estatales de telecomunicaciones y seguros. Al mismo tiempo, fortalecimos al ICE con una nueva legislación que le quitó muchos amarres que no le permitían volar pero, a la vez, lo obligamos a competir para hacer a la institución más competitiva y eficiente.
Una vez aprobado el TLC y las leyes de implementación necesarias para que este entrara en vigencia, nos abocamos a consensuar el Proyecto de Ley General de Electricidad que terminaba con esas absurdas limitaciones a la generación eléctrica privada que señala el editorial en comentario. No nos alcanzó el tiempo para que dicho proyecto fuera aprobado al final de mi gobierno, pero quedó listo para ser votado en mayo del 2010. En varias ocasiones me reuní con los personeros de este Gobierno responsables de impulsar esta legislación, para insistir sobre la urgencia de abrir el mercado energético a la inversión privada, tal como lo habíamos propuesto en campaña. Contábamos entonces con el voto de 35 diputados, 24 de Liberación Nacional, 9 libertarios y 2 independientes.
Pues bien, cuestión de sentido común era impulsar y aprobar dicho proyecto de ley. Lamentablemente, ante la oposición de los sindicatos del ICE, este Gobierno cedió y Costa Rica perdió la oportunidad de contar con una legislación que nos habría permitido aumentar significativamente la inversión en energías limpias y garantizarle al país el abastecimiento de electricidad por muchos años mas, sin tener que quemar búnker de manera permanente en las plantas de Moín y Garabito y sin que los costarricenses tengan que pagar hasta tres veces más por kilovatio en relación con el costo de la generación con energías renovables.
Aprovechamiento máximo. La reforma eléctrica que impulsamos buscaba el aprovechamiento máximo de los recursos naturales de la nación y un nuevo orden en la producción de la energía eléctrica, sin topes artificiales al desarrollo nacional. También buscaba aprovechar al máximo las capacidades empresariales y energéticas de nuestra sociedad para no transferirle a los costarricenses los sobrecostos térmicos, sino, más bien, los beneficios de la competencia y de la utilización de las energías limpias.
Parece que a este Gobierno se le olvidó que los problemas no se resuelven solos, dejando transcurrir el tiempo o posponiendo, por temor y por comodidad, su solución. No es cierto que la negativa a decidir no acarrea costo alguno. Tampoco es cierto que la indecisión sea la mejor opción para enfrentar la vida. Mi gobierno definió un norte para Costa Rica y desde el inicio comenzamos a navegar hacia él. Siempre defendí lo que creí que era lo mejor para nuestro pueblo. Es muy difícil luchar por ideas cuando no se tienen las ideas claras. Ya lo dijo Séneca: “Nunca hay viento favorable para el que no sabe hacia dónde va”.
