Por: Patricia Leitón 11 febrero, 2013

Las propiedades estatales de las que no se sabe quién las administra, es solo uno de los problemas contables que halló la Contraloría.

El objetivo del estudio del órgano fue revisar los saldos que se reportaron en el rubro de “Propiedad, planta y equipo” incluidos en el balance de situación del Poder Ejecutivo al 31 de diciembre del 2011.

En esta revisión encontró que existía una diferencia de ¢41.344 millones entre las sumas incluidas en los registros contables (Sigaf) y el Sistema de Registro y Control de Bienes de la Administración Pública (Sibinet), y que activos adquiridos en los años 2005, 2007 y 2011, con un valor de ¢4.557 millones, no estaban registrados al 31 de diciembre del 2011, entre otros.

En una nota remitida por el Ministerio de Hacienda a la Contraloría el 9 de enero pasado, la contadora nacional, Irene Espinoza, agradece las observaciones y señala que se tienen planes específicos para enfrentar las debilidades señaladas.

Según la Contraloría, tener estas cuentas claras promueve la toma de decisiones y la rendición de cuentas.

Carlos Camacho, contador público autorizado, explicó que Costa Rica adoptó las Normas Internacionales de Información Financiera (NICSP), el cual tendrá efectos legales a partir del año 2014.

“Esta normativa pretende que los entes públicos, el Estado, las municipalidades, instituciones autónomas que no llevan a cabo actividades económicas de orden lucrativo, deberán hacer un primer levantamiento de los bienes de su propiedad, entendiendo por esta, en primera instancia, la propiedad legal, pero prevaleciendo el concepto de propiedad económica; es decir, aquella que surge del mero uso”, detalló.