EscucharMe refiero al editorial de La Nación del pasado 3 de agosto, en el que lamentan la salida del Gobierno de la ministra de Planificación y el regreso de Roberto Gallardo a esa cartera, fundamentalmente por el apoyo que dio a la aprobación de la Ley de Transferencias hacia las Municipalidades. No voy a defender a don Roberto, quien no lo necesita, pero sí voy a defender al proceso de descentralización del Estado, que surge como respuesta a los crecientes problemas de ingobernabilidad e insatisfacción, por la gestión de la mayoría de Instituciones del Gobierno central.
Desde la década de los años ochenta, con la primera Comisión de Reforma del Estado, se habló de la necesidad de descentralizar al Estado, de fortalecer las municipalidades y de propiciar más participación ciudadana. En 1998 se reformó la Constitución Política y de ahí deriva la obligación de trasladar competencias y recursos a las municipalidades. Pese al mandato constitucional, nunca hubo voluntad política para propiciar los cambios, por lo que el Gobierno de don Óscar Arias no hizo otra cosa más que promover el cumplimiento de lo ordenado por nuestra Carta Fundamental y para ello contó con el apoyo del IFAM, de la UNGL, de la Cooperación Internacional, de Organizaciones Comunales y hasta de académicos de las universidades nacionales.
Traslado de competencias. Es indispensable tener claro que no se trata de sólo trasladar recursos, como se infiere del editorial, también deben trasladarse competencias, responsabilidades, pero eso no se dice, no se aclara. La argumentación de que no hay posibilidad fiscal de hacerlo, tiene mucho de falaz, ya que no se profundiza en la verdadera intención del mandato constitucional. Nadie pretendería un traslado de recursos por sí solos; la idea es más bien descargar al Gobierno central de determinadas responsabilidades, que de hecho no las está cumpliendo adecuadamente, procurando que a nivel local estas, junto con sus recursos, sean administradas en mejor forma. Si así se hace, no habría problema fiscal, pues al disminuir recursos también se disminuyen responsabilidades y se descarga al Gobierno Central de la obligación de ese gasto.
La Nación al inicio de todos los años escolares, informa de los problemas que hay con la infraestructura educativa, con el déficit de pupitres, aulas y materiales necesarios para brindar lecciones. El MEP tiene recursos para atender esas obligaciones, pero desde San José no puede hacerlo para todo el país. ¿Por qué no pensar que los recursos del MEP para resolver esos problemas sean girados a las Municipalidades y que en conjunto con juntas de educación, patronatos escolares y asociaciones de desarrollo comunal, sea a nivel local que esos temas se resuelvan? ¿Qué tal si el MEP se encarga de la formación de sus docentes, de los programas de estudio y de la adecuación curricular y deja los problemas de infraestructura para que se resuelvan a nivel local? El presupuesto del MEP no se vería afectado, ya que al trasladar los recursos, se le relevaría de la responsabilidad y más bien a nivel local, en forma participativa, se puedan lograr mejores resultados de los que hoy día estamos teniendo en esa materia.
De la misma forma se puede hacer con otros ministerios y otras competencias. Aspectos de vialidad y seguridad vial, administración y vigilancia de las áreas de protección, promoción de la cultura y el deporte, asuntos de equidad de género, asistencia social, becas o bonos de vivienda, infraestructura básica de salud u obras comunales y ciertos aspectos de la seguridad civil preventiva, son tan sólo algunas de las competencias que hoy son del Gobierno central y que podrían trasladarse a los gobiernos locales, junto con los recursos respectivos, con lo que no se generaría déficit alguno, dado que al trasladar recursos se descargan responsabilidades.
Vanas excusas. En consecuencia, no hay temor a ninguna crisis fiscal, que en todo caso ya tenemos sin haber dado ni un colón a las municipalidades. Estamos claros de que ese tema también hay que resolverlo y por eso apoyamos la reforma fiscal. Sin embargo, pretender hacer operaciones aritméticas, aisladas del contexto político que justifica la propuesta de descentralización para decir que “no hay plata, no hay plata” es sumarse a las excusas que durante tantos años los que detentan el poder han esgrimido para impedir la reforma del Estado y trasladar recursos y poder hacia los municipios, hacia las personas.
Si esa hubiera sido la ecuación que hicieron nuestros antepasados, don Juanito no hubiera emprendido la “Campaña del 56”, don Jesús Jiménez no hubiera acordado la educación gratuita y obligatoria, el Dr. Calderón Guardia no hubiera promovido la reforma social y don José Figueres no hubiera luchado por modernizar al Estado y al país. Todos esos logros, a nivel de epopeyas, son los que hicieron grande a nuestro país y probablemente todos, desde el punto de vista presupuestario, eran deficitarios.
Sin embargo, nuestros patricios tuvieron la visión y voluntad para emprender la tarea, para sentar la bases de una nueva Costa Rica y lo lograron, y ahora nos corresponde, precisamente con la misma pasión y voluntad, construir el futuro de la patria, para tener un país más democrático, más descentralizado, más participativo y más desarrollado, y en esa lucha, pese a los intereses creados, no vamos a cejar en nuestro esfuerzo.
