Los 40 diputados presentes en el plenario dieron ayer su respaldo al proyecto para financiar y fortalecer los mecanismos de lucha contra la trata de personas en el país.
El delito, tipificado desde el 2009 en el marco jurídico nacional, se relaciona con la explotación sexual y laboral en perjuicio de personas que son engañadas con falsas promesas de trabajos bien remunerados, y que al final terminan en una condición de sometimiento.
El delito figura entre las formas de operar de la delincuencia organizada, por lo que su trabajo muchas veces es a través de redes criminales, explicó Ana Hidalgo, coordinadora de la Unidad contra la Trata, de la Oficina en Costa Rica de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
El presidente legislativo, Víctor Emilio Granados, dijo que la aprobación del plan significa un espaldarazo del Congreso a la lucha contra la explotación sexual y laboral.
Para el jefe del Partido Liberación Nacional, Fabio Molina, esta iniciativa “permite combatir mafias internacionales que explotan a mujeres y niños en actividades que promueven la prostitución”.
Una opinión similar expresó la legisladora del Partido Acción Ciudadana Carmen Muñoz, quien dijo que el proyecto posibilita “atacar de manera más efectiva la criminalidad, pues se dan recursos para prevención, tratamiento de la víctima e investigación de las redes”.
La votación del expediente 17.594, plantea dotar de recursos a la Coalición Nacional contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, una entidad conformada por 22 instituciones públicas que enfrentan el delito de la trata, y que coordina la Dirección de Migración y Extranjería.
El proyecto de ley permitirá que se destine $1 del impuesto de salida del país, que es de $27, para el financiamiento de los programas de prevención, combate y recuperación de las víctimas de la trata.
Si se toma en cuenta que, para el año 2011, la Dirección de Migración cuantificó en 3.152.000 las salidas del país, la cantidad de dinero para la coalición contra la trata sería el mismo, pero en dólares.
Estos $3.152.000 representarían, aproximadamente, ¢1.500 millones para los programas que, según la directora de Migración, Kathya Rodríguez, irían a un fideicomiso cuyos recursos podrían acceder las 22 entidades estatales.
“Son muchas instituciones vinculadas con este tema, pero sin recursos para atender sus tareas”, dijo Rodríguez.
Además, agregó que el trabajo de recuperación de las víctimas de la trata pasa también por un proceso de acompañamiento.
“No solamente estamos hablando de la atención y rescate de la víctima, sino de diferentes frentes de trabajo, que empieza por la sensibilización frente a los riesgos de caer en las redes de la trata, lo cual implica una inversión constante en educación formal e informal”.
Sandra Chaves, de la Secretaría de Trata de Personas, de la Dirección de Migración, afirmó que el plan “refuerza la institucionalidad de la lucha tanto en prevención como en sanción del delito”.