300 clientes estafados por web llevan a juicio a bancos públicos

Un grupo de 300 clientes bancarios, que fueron víctimas de fraude electrónico, llevarán a juicio en los próximos meses a los bancos Nacional, de Costa Rica (BCR) y Popular, todos de capital público.

La fecha del juicio aún está por definirse; sin embargo, se espera que se lleve a cabo entre los meses de noviembre del 2011 y enero de 2012, pues hace dos semanas concluyó la etapa de audiencias.

Desde el 2008, los clientes bancarios se agruparon en la Asociación de Consumidores Libres (ACL) para emprender un proceso legal contra las tres entidades públicas, por considerar que no implementaron medidas necesarias para evitar fraudes por medio de sus plataformas electrónicas.

El proceso se remonta al 2009. En total, los afectados reclaman cerca de ¢300 millones (unos $600.000). No obstante, ni la Asociación ni los bancos han cuantificado la suma exacta. “Para el juicio no hay ningún interés de sumar el daño colectivo, porque las liquidaciones se harán de manera individual; es decir, se pagará a cada afectado”, dijo Adriana Rojas, abogada de la agrupación.

Con esto coincidió Marietta Herrera, directora jurídica del Banco Nacional, quien explicó que no es posible determinar el monto reclamado pues desde el inicio del proceso han ingresado nuevos actores, diferentes de los originalmente consignados.

Proceso. La causa contra los bancos comenzó con una demanda ante un Tribunal Contencioso Administrativo, en mayo del 2009. En aquel momento el grupo estaba compuesto por 70 personas; en la actualidad asciende a 300, pues, según Rojas, antes de que exista una sentencia en firme, es posible que se integren nuevos afectados.

Una vez entablada la demanda, el Tribunal procedió con las audiencias preliminares, las cuales tomaron dos años.

Responsabilidad. De acuerdo con Herrera, los hechos se dieron cuando los clientes fueron inducidos a error por terceros y dieron sus claves de acceso a los estafadores, quienes ingresaron a sus cuentas bancarias e hicieron traslados, para luego retirar el dinero en cajeros automáticos.

En el Nacional afirman que los sistemas son seguros y el daño sufrido por los afectados obedeció a la acción de estafadores que los engañaron, razón por la cual no reconocen el dinero sustraído.

Ernesto Hutt, abogado de la firma Facio y Cañas, comentó que en los últimos años la jurisprudencia ha determinado que una parte del servicio que brindan los bancos al público es el de garantizar que el dinero va a estar seguro e invulnerable, pues es una relación de confianza. “Eso significa que cualquier pérdida puede ser responsabilidad del banco aunque no tenga participación directa”, dijo.

La Nación consultó también a los bancos BCR y Popular; sin embargo, sus oficinas jurídicas declinaron referirse al caso mientras el proceso continúe abierto.