Barcelona. AFP. En un clima de creciente fervor independentista, profesores, padres y alumnos de Cataluña se manifestaron ayer contra un proyecto de reforma educativa que consideran una amenaza a su escuela pública íntegramente en lengua catalana.
En el nuevo sistema, “el idioma catalán dejaría de ser objeto de evaluación en las pruebas de fin de ciclo y sería relegado al cuarto lugar entre las lenguas” después del castellano y dos idiomas extranjeros, dijo Ramón Grau, director de un centro educativo en Barcelona.
El proyecto de ley es de momento un borrador que el ministro español de Educación, José Ignacio Wert, presentó hace diez días a los gobiernos regionales, encargados de gestionar el sistema educativo.
Pero bastó para levantar ampollas en varias regiones, que lo rechazaron por quitarles poder de la decisión del currículum académico, y especialmente en Cataluña, donde se vio como una amenaza al sistema linguístico implantado tras el fin del franquismo en 1975.
La cuestión es altamente sensible en una región donde el idioma es el principal símbolo de la identidad cultural.
“Quieren que el catalán no se hable”, decía la pancarta de un anciano durante la protesta.
Si la reforma sale adelante, “lo que habría es un modelo muy parecido al que teníamos nosotros cuando éramos pequeños, un modelo con un cierto autoritarismo, con unos contenidos muy controlados” por Madrid, se lamenta Alex Castillo.
El sistema actual, “más allá de favorecer el aprendizaje del idioma y la cultura, lo que hace es eliminar las diferencias basadas en el origen de los alumnos”, defiende Eloy Cortés, estudiante universitario.
Sin embargo, este sistema no satisface a algunos padres en Cataluña, que llegaron a exigir ante la Justicia –que falló a su favor– el derecho a escolarizar a sus hijos en castellano.
Escudado en este hecho, Wert propone que las familias que lo deseen puedan inscribir a sus hijos en centros privados en castellano y que estos sean costeados por el gobierno regional.
No obstante, en Cataluña algunos defienden la insumisión. “Yo propondría que nos negásemos a aplicar la nueva ley”, dijo el educador Ramón Grau.