Pese a que Costa Rica mantiene, en su Ley del Impuesto sobre la Renta, un concepto predominante de territorialidad, este ha venido evolucionando ante los retos de la globalización económica, migrando del concepto geográfico de la territorialidad al de la vinculación con la estructura jurídica y (o) de la infraestructura económica local.
Esta migración, proveniente de la jurisprudencia, es el resultado de los nuevos fenómenos económicos, a la luz de una ley de renta que es de tercera edad, con los achaques inherentes a esta condición.
El contexto internacional en el que Costa Rica está inmersa hoy no solo hace necesario que los contribuyentes tengan claro que la territorialidad hoy es un concepto más amplio que la ubicación dentro del ámbito geográfico de aplicación del impuesto, sino que debido al creciente número de convenios de intercambio de información con instrumentos legales de orden bilateral, con diversos países, hace que manifestaciones de renta que habrían podido tener problemas de detección, no de sujeción, aumenten el riesgo tributario.
Asimismo, aparte de los instrumentos bilaterales, está la Convención de Asistencia Administrativa Mutua en Materia Tributaria, que amplía la lista de países con los que se puede, en efecto, intercambiar información, así como llevar a cabo procedimientos más profundos que los mismos de los convenios bilaterales. Aumenta, por ende, el nivel de capacidad indirecta de la Administración Tributaria de recibir, procesar y gravar manifestaciones de riqueza en países adherentes de la Convención.
Lo más novedoso, sin embargo, es el programa de auditores sin fronteras, lanzado al mundo a final del mes pasado por parte de la OCDE, según el cual, en un plan piloto de seis meses, una élite de auditores fiscales de alto grado de especialización y acceso a medios de inteligencia internacional, pueden, sin límites de frontera, llegar a cualquier país a efectuar auditorías por cuenta propia o en coordinación con sus pares locales. El programa piloto, después de esta corta prueba, se extenderá al mundo, que, por cierto, vivimos en él, con lo que no se pueden medir los riesgos de detección solo a la luz de los recursos con los que cuenta la autoridad tributaria local, sino la que acumula el mundo desarrollado para el levantamiento de esquemas de fraude fiscal internacional organizado, del que Costa Rica no queda exenta.