EscucharCuando ingresé al Patronato Nacional de la Infancia en octubre del año pasado, conocí del programa denominado Departamento de Atención Integral (DAI) y sus albergues, el cual fue promovido y creado para atender las situaciones de riesgo inminente y alta vulnerabilidad de niños, niñas y adolescentes (por ej.: solos en casa y en la calle).
Hoy conocemos que el contexto del programa ha variado, y las necesidades de atención y protección a otras poblaciones han forzado el ingreso al programa de menores de edad con diferentes problemáticas psicológicas, adicción, en conflicto con la Ley Penal Juvenil, además de conductas disociales.
Ante estos ingresos, algunos de ellos ordenados por las autoridades judiciales y otros rechazados por otras instituciones de protección especial, los albergues del DAI fueron asumiendo a estas personas menores de edad, la mayoría por mandato judicial.
Inmediatamente realizamos varias acciones, reuniones con funcionarios del Poder Judicial, Ministerio de Justicia, Ministerio de la Presidencia, el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) y la Defensoría de los Habitantes para exponerle la delicada situación que atraviesa el albergue La Garita; una llamada de coordinación y articulación para brindar una respuesta apropiada a la población ingresada. Además se realizaron cambios del personal, se ordenaron investigaciones preliminares, se suspendió a un funcionario y hubo denuncias penales contra otros funcionarios y funcionarias.
A pesar de todas las acciones realizadas desde el PANI, la complejidad de las situaciones amerita una respuesta articulada y coordinada de todos los sectores y organizaciones públicas y privadas, así también ordenada por la misma Constitución Política (artículo 55). Si bien el PANI es la institución rectora en materia de derechos de la niñez y la adolescencia, el ejercicio de esta rectoría conlleva el compromiso de coordinación de otras instituciones del Estado de acuerdo a sus competencias, lo cual está consagrado como un precepto constitucional y legal.
Las crisis presentadas son también una oportunidad para la institución que represento y para todas las instituciones y organizaciones corresponsables para buscar soluciones sostenibles y duraderas, en estricta consonancia al enfoque de derechos y la doctrina de protección integral, porque así también lo demanda la Constitución Política y la Convención sobre los Derechos del Niño.
