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El cambio climático y la lucha contra la pobreza

Actualizado el 10 de septiembre de 2012 a las 12:00 am

Centroamérica será una de las regiones más afectadas en los próximos 50 años

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El cambio climático y la lucha contra la pobreza

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El Colegio de Abogados y Abogadas, en el marco de sus responsabilidades como entidad que tutela el ejercicio legal de la profesión, ha considerado la necesidad de crear comisiones de estudio en las diferentes ramas del Derecho, una de ellas es la Comisión Ambiental, integrada por expertos y expertas en el tema.

En el caso de la Comisión Ambiental, nuestra pretensión es hacernos presentes ante la comunidad nacional a través de diversos proyectos. Uno de ellos es en relación con la problemática surgida ante el fenómeno del cambio climático.

El cambio climático, y sus efectos, es probablemente la mayor preocupación ambiental de la comunidad internacional en estos momentos. Las variaciones climáticas ya están documentadas y hoy estamos experimentando sus efectos negativos en todos los ámbitos.

Centroamérica, indican los expertos, es una de las regiones que va a ser más afectada en los próximos 50 años, pese a que somos relativamente insignificantes en términos de producción de gases de efecto invernadero.

El régimen de lluvias de la región ha cambiado, la temperatura ambiente se incrementa, los períodos de sequía en el pacífico centroamericano amenazan el abastecimiento hídrico y las actividades económicas, especialmente la agricultura.

El incremento de incendios forestales, la reducción de las reservas de los embalses de las represas hidroeléctricas, la subida de precios de productos agrícolas y la reducción de la capa de ozono son parte de las calamidades que empezamos a padecer.

El cambio climático es principalmente originado en los llamados gases de efecto invernadero (GEI), que son producidos por las actividades humanas, especialmente las derivadas de uso de combustibles fósiles, y la producción de agroquímicos, por lo menos en el caso de Costa Rica.

Como respuesta a esta situación, se han diseñado instrumentos internacionales como la Convención Marco de Naciones Unidas sobre cambio climático, el Protocolo de Kioto y los acuerdos del presente año de Copenhague, aunque es evidente que todos esfuerzos están resultando insuficientes.

Nuestro colegio entiende que la lucha contra el cambio climático no es solamente de los Estados, también lo es de las empresas, de las organizaciones y de los ciudadanos y ciudadanas y por ello se ha discutido en recientes foros las acciones que debemos diseñar como país, y las respuestas que ofrecen las conferencias internacionales como Río más 20.

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La Comisión Ambiental trabaja también desde ahora en una propuesta para mejorar la legislación que existe en el país en materia de incendios forestales. Esperamos que al inicio de la temporada seca podamos ofrecerla al país a fin de que pueda ser analizada por los actores encargados de la formulación de políticas públicas, tanto a nivel del Poder Ejecutivo como Legislativo.

Más allá de eso, es evidente que la preparación del país para adaptarse al cambio climático es de gran urgencia, si queremos paliar al menos algunos de los efectos.

Lamentablemente, muchos de los impactos que vamos a sufrir afectarán y están empezando a impactar a los sectores más vulnerables de la sociedad. Por ello, el tema de la lucha contra el cambio climático y sus consecuencias es una temática social de primer orden que se vincula con la lucha contra la pobreza.

Las emergencias y los mal llamados “desastres naturales” empiezan por las poblaciones que se han asentado en lugares de riesgo. Lo grave no es solo la pérdida de viviendas, cultivos, o infraestructura, sino el sufrimiento personal de miles de ciudadanos y la pérdida de vidas humanas.

Creemos, en ese sentido, necesario impulsar un adecuado ordenamiento territorial, que a la luz de las nuevas amenazas del cambio climático prevenga la ocurrencia de tragedias como las que ya hemos empezado a experimentar.

Aunque existen instrumentos de planificación urbana y rural en el país, aún no contamos con una legislación integral en materia de ordenamiento integral que tenga como norte el interés general y el desarrollo sostenible. Un día sí, y otro también, somos testigo de desarrollos urbanos, u obras de infraestructura, que no son fruto de una planificación integral del suelo y los recursos naturales y sociales, o no cuentan con los estudios suficientes para mitigar sus impactos.

El Colegio de Abogados y Abogadas ofrece su concurso para que, al igual que en otros campos, nuestro país pueda ser ejemplo en estas materias.

Asimismo, queremos convertirnos en un centro de reflexión a través de charlas, conferencias o foros, en un momento en que el país requiere ser repensado en muchos aspectos.

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Carlos Bolaños Céspedes. Coordinador Comisión Ambiental, Colegio de Abogados y Abogadas

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