Bares se las ingenian para bajar impacto de ley contra el fumado

Los dueños de bares luchan con medidas creativas para tratar de reducir el impacto de la denominada ley contra el fumado, pues se estima que el número de clientes bajó levemente y ha sido motivo de suciedad y otros problemas.

Uno de los impactos más complicados es el de los clientes que salen a fumar con cuentas abiertas y luego se van sin pagar. En estos casos, el monto pendiente se le asigna al mesero encargado, reconocieron algunos dueños de negocios.

El depósito de colillas (“chingas”) de cigarrillos en las afueras de los negocios, enfrentamientos entre fumadores y no fumadores, la suspensión de la venta de cigarrillos –rubro que dejaba buenos márgenes–, el incremento de la seguridad y sus costos y los problemas causados por quienes fuman en los baños, son otros de los temas a los cuales se enfrentan los bares.

La situación de los restaurantes es diferente, pues entre el público había ya una conciencia de que no es conveniente fumar mientras otras personas ingieren alimentos.

Así lo explicó el presidente de la Cámara Costarricense de Restaurantes (Cacore), Manuel Burgos.

Tales efectos se derivan de la aplicación de la Ley General de Control de Tabaco y sus Efectos Nocivos en la Salud, vigente desde el 27 de junio pasado.

Buena, pero... Irina Chyrkova, administrador del bar El Bulevar, en Heredia, y Rodrigo Fumero de TerraU, en San Pedro, calificaron más positiva que negativa la ley.

Pero Chyrkova dijo que en muchos casos los clientes se marchan sin pagar cuando fuman afuera. Esto causa que, a veces, un mesero que gana ¢50.000 por semana deba pagar un pendiente de ¢25.000.

Los dueños también luchan por persuadir a los fumadores a utilizar ceniceros colocados al frente de los negocios, pues aunque estén ahí tiran las colillas en la calle.

Fumero dijo que le ley está muy bien hecha, pues multa no solo al negocio sino también al infractor; es decir, reparte la culpa. Eso hace, explicó, que los clientes también se cuiden de ser sancionados.

La viceministra de Salud, Sisy Castillo Ramírez, dijo que hay seis casos en trámite que podrían ser sancionados la próxima semana. La multa es por una determinada cantidad de salarios base de un funcionario administrativo del Poder Judicial, según sea la infracción.

Salud dijo que ha realizado 4.274 inspecciones, 792 actividades de divulgación y 581 talleres.