Banca privada se opone a ceder fondo de garantía al Central

La iniciativa da un plazo de nueve meses, desde la entrada en vigencia de la ley, para que los recursos sean trasladados de la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) al ente emisor, para la creación del nuevo Fondo de Garantía de Depósitos.

Gilberto Serrano, presidente de la ABC, dijo que se opusieron al traslado de dinero desde que el plan comenzó a discutirse. Además, insistió en que hay pronunciamientos judiciales y legales que acreditan que los recursos son de la organización. “Estamos sumamente preocupados. No pueden quitarnos el dinero porque, si lo hacen, sería una expropiación. Somos los dueños y quienes cuidamos el fondo”, dijo a La Nación.

Sin embargo, la interpretación en la Asamblea Legislativa es otra. Para los diputados miembros de la Comisión, los dineros del fondo son públicos porque fueron donados por la Agencia Internacional de Desarrollo de Estados Unidos (AID, por sus siglas en inglés) al Estado costarricense en 1985, pero son administrados por la Asociación Bancaria.

“Estos eran fondos públicos y deben volver a ser fondos públicos”, recalcó Juan Carlos Mendoza, diputado del Partido Acción Ciudadana.

El proyecto de Ley del Sistema de Garantía de Depósitos y Resolución Bancaria, número 17.766, estipula que el dinero que tiene la Asociación Bancaria será usado para crear un nuevo fondo que pretende asegurar los depósitos de los ahorrantes, hasta por ¢6 millones, en el Banco Popular, bancos privados y cooperativas.

Los bancos Nacional, de Costa Rica y Bancrédito, así como las mutuales, están exentas de hacer aportes para ese fondo porque tienen el respaldo del Estado costarricense.

Vieja disputa. No es la primera vez que el dinero del fondo administrado por la ABC entra a debate. La Asociación de Inversionistas del Banco ELCA, entidad que quebró a mediados de la década anterior, cuestionó a la entidad, hace tres años, porque algunos inversionistas no fueron indemnizados.

Patricia Pérez, diputada del Movimiento Libertario, enfatizó que los acreedores de entidades financieras extintas podrían perfectamente ser indemnizados. “He mandado reclamos a la Asociación Bancaria que tienen que ver con el Banco ELCA. De resolverse afirmativamente, podría hacerse uso de esos fondos. A algunas personas se les podría pagar, porque cumplían con las condiciones de la ABC, pero serán temas que el Banco Central deberá considerar”, señaló.

Sin embargo, Serrano insistió en que en el 99% de los bancos liquidados se ha pagado a los depositantes. “Algunas personas han pedido que repartamos el dinero a clientes de entidades que han desaparecido, pero no han podido.

”Hay que tomar en consideración que el fondo, como principio, trata de proteger a los pequeños ahorrantes de entes privados, y eso es lo que se ha hecho hasta ahora”, sostuvo Serrano.