Texto que también establece condiciones para el secreto de Estado fue aprobado en la Comisión de Derechos Humanos

Por: Esteban Oviedo 21 noviembre, 2012
 Juan Carlos Mendoza, diputado del PAC y de la Comisión de Derechos Humanos, sostuvo que la reforma regula el secreto de Estado
Juan Carlos Mendoza, diputado del PAC y de la Comisión de Derechos Humanos, sostuvo que la reforma regula el secreto de Estado

San José (Redacción). Los diputados de la Comisión de Derechos Humanos aprobaron esta mañana un proyecto de ley que elimina las penas de prisión por la obtención de “informaciones secretas políticas”.

Entre otros aspectos, el plan reforma el artículo 295 del Código Penal, el cual establece penas de cuatro a diez años de cárcel por divulgar ese tipo de información, así como la que tenga que ver con asuntos de seguridad de la nación, de lucha contra el crimen organizado o de relaciones exteriores.

Las penas fueron recientemente aumentadas con la entrada en vigencia de la Ley de Delitos Informáticos .

El diputado del PAC, Juan Carlos Mendoza, sostuvo que el nuevo texto establece penas de dos a ocho años de cárcel “a quien, en contra del interés público, emplee o revele secretos de Estado que el Poder Ejecutivo haya declarado formalmente como tales que tengan que ver con la seguridad o las relaciones exteriores de la nación.

Además, dijo Mendoza, la reforma establece que el secreto de Estado debe de ser declarado así por el Poder Ejecutivo y debe restringirse a lo que establece la Constitución Política. “Deja por fuera cualquier visión antojadiza”, dijo el legislador, quien añadió que el secreto de Estado tendrá que ser razonado.

Adicionalmente, el texto establece que no se penaliza el acceso a información pública, sino el acceso a datos personales de acceso restringido que estén contenidos en bases de datos de sistemas públicos, como un expediente médico, dijo Mendoza.

Con la última reforma legal, el artículo 295 del Código Penal actualmente dice así: “-Espionaje: Será reprimido con prisión de cuatro a ocho años al que procure u obtenga indebidamente informaciones secretas políticas o de los cuerpos de policía nacionales o de seguridad concernientes a los medios de defensa o a las relaciones exteriores de la nación, o afecte la lucha contra el narcotráfico o el crimen organizado. La pena será de cinco a diez años de prisión cuando la conducta se realice mediante manipulación informática, programas informáticos maliciosos o por el uso de tecnologías de la información y la comunicación”.

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