En el 2003, la consultora de arte Virginia Vargas Mora realizó un avalúo de la colección de artes visuales del Banco Nacional de Costa Rica (BN). Vargas dividió la colección en dos clases: A (obras de valor estético) y B (obras de calidad limitada). En uno de los reportes que presentó a la institución, Virginia Vargas se refirió a 200 obras que había examinado:
“En este tramo del trabajo se incrementa especialmente la lista B de la colección por compra de obras dentro del rubro de gastos. El monto girado en este rubro llega a ser bastante importante sin que con-lleve a mediano plazo un incremento en la plusvalía por la calidad limitada de las obras. Considero importante contemplar la posibilidad de obtener la asesoría de alguna persona que tenga criterio para destinar más provechosamente esos recursos, cuando así se presente la necesidad dentro de la institución”.
La promulgación de las leyes 5.176 (1973), 6.091 (1977) y 6.750 (1982) había encauzado a las instituciones públicas a convertirse en coleccionistas de arte. Según esas leyes, las entidades debían adquirir obras de arte cuando proyectaban la construcción de un edificio.
Entre el 2002 y el 2003, el Museo de Arte Costarricense (MAC) solicitó a las instituciones estatales un inventario de las obras de arte que habían adquirido. De acuerdo con esta petición, esas entidades enviaron la información sobre sus colecciones. Así se indicó que el BN había conformado una considerable colección de 627 obras.
Entre los artistas a los que el BN más les compró piezas se encuentran Wenceslao Santos (46 trabajos), Antonio Mata (43), R. Correa (42), Guillermo Cruz (32) y Morera (24).
Por un lado, una colección de arte bien estructurada y definida no necesita 43 ó 46 creaciones de un solo artista para ejemplificar su trayectoria. En los casos de artistas consagrados sí cabe que se posea una cantidad relevante de obras.
Por otro lado, la producción artística de dichos creadores no se encuentra entre las más destacadas. Aún más, R. Correa y Morera ni tan siquiera son artistas que se puedan identificar. Como estos dos casos, también hay una cantidad importante de obras anónimas.
Además, parece que era pertinente la observación de la consultora de arte en cuanto a una adecuada asesoría pues la entidad bancaria había incluido 20 millones de colones en el presupuesto ordinario del 2004 para la adquisición de obras, monto considerable y que merece invertirse en piezas de trascendencia artística.
El Banco Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito) también se encuentra en tal situación. En su inventario de obras de arte mezcla piezas precolombinas con obras bidimensionales de los siglos XX y XXI, en vez de separarlas y así conformar dos colecciones diferentes.
Además, el Bancrédito incluye una reproducción del óleo
Asimismo, se ignora quiénes son los autores de una cantidad notable de trabajos. En el 2003, José Miguel Rojas González, curador del MAC, catalogó y evaluó 32 creaciones artísticas de la colección. Para 24 obras de las 32 (75%), Rojas apuntó: “No se tiene información de este artista en los archivos del MAC, como tampoco se halla en la bibliografía de arte costarricense”.
Una deficiencia más es la inapropiada catalogación. El Banco Popular y de Desarrollo Comunal tiene registradas 63 obras; sin embargo, la información ofrecida es muy limitada pues esta se acomodó a los campos establecidos para el inventario de bienes o activos de la institución. Por ello, los datos que se consignaron son estos: número de placa, descripción, código activo, valor activo y vida útil.
En el registro del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, los únicos datos que se apuntan son “descripción” y “patrimonio”. En “descripción” se indican indistintamente título de la obra, nombre del autor, fecha de la obra, técnica o tamaño. En “patrimonio” se escribe un número. Además, se incluye un cuadro de “Gustv Kint”, el cual quizá sea una reproducción del artista austríaco Gustav Klimt (1862-1918).
En otra lista de la colección del Ministerio aparecen dos pinturas de Monet; es decir, dos reproducciones del pintor francés Claude Monet (1840-1926). Nuevamente, en forma desacertada, se registraron copias de obras famosas como parte de una colección pública.
Cabría preguntar cuál es el gasto en el que incurre el BCR para conservarlas. Aunque sean creaciones de inferior calidad, siempre demandarán dinero y espacio para protegerlas (revisiones periódicas, diagnósticos de estado de conservación, restauración por deterioro debido al paso del tiempo y por estar expuestas).
Por tanto, parece que no es muy atinada la práctica de acumular trabajos de poco valor estético y monetario; tanto es así que ni siquiera las reportan en el inventario.
En dos instituciones, el problema es de localización de las obras. Tanto en JAPDEVA como en el IN COP aparentemente no había plena certeza de cuántas piezas poseían ni de su ubicación.
Otro aspecto es la poca información que resguardan las instancias estatales sobre las creaciones artísticas de sus colecciones. El IMAS no tenía documentación sobre su colección, razón por la cual –por ejemplo–, no se sabía con exactitud si los trabajos habían sido comprados o donados.
El MAC es la institución encargada por ley de supervisar las colecciones estatales y ha realizado ingentes esfuerzos por cumplir con sus funciones, pero la mayoría de las instituciones públicas no ha seguido los procedimientos estipulados. Posiblemente, los funcionarios –guiados por sus gustos personales– hayan incurrido en la com-pra de obras de poco valor estético e histórico.
Además, por muchos años, algunas de esas entidades obviaron la búsqueda de una asesoría adecuada –ya fuera del MAC o de especialistas– para el manejo de sus nuevas adquisiciones. El resultado ha sido la creación de colecciones con muchas piezas de las que se pueden prescindir.