San José (Redacción). La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) rechazó tramitar la solicitud de un 157% de aumento en el costo de la revisión técnica de los carros.
Desde el 2004, el consocio español Riteve ha recibido siempre esta respuesta porque Aresep alega que no existe un modelo tarifario para fijar los precios.
“Aún no se dispone de la metodología que se debe aplicar en este caso particular, la cual debe ser publicada por el CTP ( Consejo de Transporte Público ) según está establecido en el contrato”, informó Aresep, en un comunicado.
A finales de noviembre, el viceministro de Transportes, Rodrigo Rivera, indicó que el CTP trabaja en este momento en la revisión de ese tema .
“En el CTP, estamos analizando cuál es la fórmula de ajuste tarifario que se aprobó en este órgano. Una vez que sepamos cuál es la metodología aprobada y vigente en el CTP, vamos a hacer una consulta pública”, dijo el jerarca, el 29 de noviembre, a ADN 90.7 .
En este momento, el CTP revisa cuál es el modelo fijado para hacer los ajustes e, incluso, ante cuál entidad deben gestionarse dichos aumentos: si ante el Consejo de Transporte Público o ante la Aresep.
De haberse aplicado dicho ajuste, la revisión de un vehículo habría pasado de ¢9.930 a ¢25.530; los taxis de ¢10.714 a ¢27.540 y la prueba de motocicletas aumentaría de ¢6.541 a ¢16.810.Cuando se presentó la solicitud ajuste tarifario, en La Nación en Internet llamó hace pocos minutos a la vocera de Riteve, Berlioth Herrera, pero no hubo respuesta en sus teléfonos.
En declaraciones anteriores, Herrera insistió que el Gobierno no realiza ningún ajuste desde hace ocho años.
“Año con año se realizan ajustes como se hace en cualquier servicio”, agregó Herrera sobre la propuesta presentada.
Incluso, Riteve presentó una demanda contra el Estado por ¢10.000 millones ante el Tribunal Contencioso Administrativo.
Dicho Tribunal, rechazó a inicios de este mes la demanda presentada por Riteve.
Además del reclamo en el Contencioso, los socios españoles de Riteve recurrieron a un arbitraje internacional, pues también se sienten afectados por el tema tarifario.
Este proceso se sigue en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), de Washington, Estados Unidos. Allí Riteve exige una compensación de $280 millones.