EscucharEl pasado viernes 9 de mayo, la jueza Jazmín Barrios dictó la histórica sentencia que condenó al exdictador José Efraín Ríos Montt a 80 años de prisión: 50 años por genocidio y 30 años por crímenes de lesa humanidad contra la etnia ixil.
“Por primera vez fuimos los indígenas los que estábamos en la parte acusatoria y no éramos los acusados, como en muchos de los casos ocurre. Esto, ya de por sí, significó un giro en el imaginario de los tribunales, que desde el principio encuentra sospechosos a los indígenas”, analiza la socióloga Gladys Tzul Tzul , maya k’iche’ de Guatemala. Es también la primera vez que se condena un caso de genocidio en América Latina.
Si bien la sentencia marca una primera victoria en la lucha por el reconocimiento de las atrocidades cometidas contra la población indígena guatemalteca durante los años de dictadura, la inmediata reacción de la clase empresarial ante la condena a Ríos Montt, muestra cuán enraizada permanece la mentalidad violenta que condujo al genocidio, y cuán lejos se encuentra ese sector de la sociedad de un obligado examen de consciencia acerca de su relación con la dictadura.
El empresariado guatemalteco estima que la condena a Ríos Montt “abona a la polarización” y deja en evidencia que “la justicia ha sido presa del conflicto ideológico”. ¿No hay en ese seudoargumento el rastro de lo que durante los años de la dictadura sirvió para deslegitimar las reivindicaciones por una mayor justicia social, y tuvo como trágico desenlace la violencia genocida? Así como hoy se tacha de “ideológica” la justicia que se les hace a las víctimas del genocidio, durante la década de los 50, el Gobierno de los Estados Unidos y los terratenientes guatemaltecos instauraron una dictadura, calificando de “comunistas” las reformas agrarias con las que se buscaba corregir la desigualdad social que agrietaba a Guatemala.
La condena contra el exdictador representa un incuestionable progreso. La impunidad de los criminales guarda en efecto estrecha relación con los altos índices de violencia que siguen asolando a Guatemala, según la abogada Almudena Bernabéu , coordinadora del grupo de expertos que reunió las pruebas del genocidio. Durante el conflicto armado,100.000 mujeres fueron violadas, de las cuales 35% eran niñas. No es casualidad si hoy Guatemala presenta la tasa más elevada de femicidios de toda América Latina.
Lejos de contribuir a la polarización social, la sentencia constituye un paso fundamental para que la sociedad guatemalteca se oriente hacia una mayor inclusión de los pueblos indígenas y se comience a sancionar como se debe la violencia que sufren las mujeres en ese país.
