Hay que acabar la ruta 1856

Si la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya no encontró que nuestro país hubiese probado la emergencia que justificaba hacer la obra, la verdadera urgencia radica en la deuda que tiene el Estado de incorporar efectivamente a esa población al territorio.

Hasta finales del decenio de los 60 del siglo anterior, la mayor parte de la provincia de Limón carecía de un acceso más rápido al resto del país. Es verdad que desde finales del siglo XIX había enlace por ferrocarril entre el Valle Central y el Caribe, que luego se complementó con la aviación.

Pero no fue hasta en la administración Trejos Fernández (1966-1970) cuando fue posible viajar por carretera desde aquel puerto y hacia este. Recuerdo muy bien una maratónica que se organizó para que el pueblo contribuyera y se iniciara la apertura de una vía rústica que luego sería la génesis de una vía asfaltada.

Igualmente, la trocha del norte, que algunos miran con desdén, debe dar paso a una carretera que permita a los vecinos de la frontera movilizarse hacia otras partes de Costa Rica y poder sacar su producción con mayor facilidad.

Tampoco es justo que esos pobladores estén expuestos a las condiciones, caprichos y abusos (demostrados en La Haya, que condenó a Nicaragua por ellos) de las autoridades de ese país. Tienen derecho a una libertad de locomoción efectiva y sin cortapisas.

Por supuesto, hay que construir la Ruta 1856 con todos los requerimientos técnicos y legales, y ajustada a una efectiva mitigación y protección del ambiente, y en esto hizo muy bien la CIJ en llamar la atención por la carencia de un estudio de impacto en tal materia.

Las observaciones de instituciones y organizaciones preocupadas por el ambiente deben dirigirse a ayudar a hacer realidad la obra, no a erigirse en frenos para impedirla.

Es factible el desarrollo con el respeto a la naturaleza.

La corrupción hallada no debe argüirse como razón para condenar a esos compatriotas a seguir viviendo de espaldas al país que es suyo.