EscucharLa presidenta ha priorizado 42 de las 97 propuestas hechas por el informe denotables. Desde el oposición debemos, sin dilaciones, tomarle la palabra al Gobierno y unirnos a sus diputados para impulsar con sentido de urgencia al menos las más importantes. Sería un error creer que esas reformas bastan para mejorar la eficiencia del proceso de toma y ejecución de decisiones, o lo que se llama gobernabilidad. Para ello la confianza de la población en los políticos y la administración debe mejorar notablemente, para lo cual se requiere una revolución ética en el comportamiento de sus actores más connotados. Pero ello no quita importancia a algunas de las reformas escogidas por la presidenta.
Reglamento legislativo.
Sobre todo, revisten importancia las propuestas dirigidas a cambiar el Reglamento Legislativo con el fin de agilizar la Asamblea Legislativa y de quitarle herramientas al obstruccionismo y al filibusterismo. El monumento a lo absurdo, defendido en nombre de la democracia por algunos políticos, es de tal magnitud que cuando se aglutina la mayoría calificada, necesaria para utilizar el 208 bis en el trámite de un proyecto de ley, se celebra como gran logro y la noticia es tituladísima en los medios. ¡Si un extraterrestre nos observara en ese momento, creería que hemos eliminado de un porrazo la totalidad de la pobreza, la utilización de fuentes de energía no renovables, la corrupción y el crimen! Jamás entendería por qué es noticia el que los diputados de una democracia decidieran aprobar una herramienta para permitir que un proyecto de ley específico se pueda llegar a votar.
Si yo hubiese sido presidente, me hubiese gustado que el Reglamento Legislativo se pareciera al que quiere la presidenta. Simplemente se trata de que, sin necesidad de aprobar rutas extraordinarias como el 208 bis, el Reglamento en su normalidad permita que se voten los proyectos en un tiempo prudencial.
Si ganamos (solos o en alianza) tanto la presidencia de la República como la Asamblea Legislativa en el 2014, y el Reglamento no se ha reformado, los diputados del PLN lo utilizarán para impedir los importantes cambios que debemos hacer. Así, nos impedirán aprobar legislación para recuperar la ruta de la equidad, fortalecer la pequeña y mediana empresa, permitirles a nuestros agricultores alimentar al país, invertir en ciencia y tecnología, mejorar la educación pública, eliminar las herramientas del populismo clientelar, limitar salarios de algunos jerarcas, fundir instituciones, reducir la deuda política, eliminar privilegios disfrutados sobre todo por los grupos de empleados públicos clientelarmente vinculados al PLN, cobrarle más impuestos a los altos salarios y a las empresas en zonas francas, crear incentivos a una expansión masiva del cooperativismo, otorgarle garantía del Estado al Banco Popular y bancos cooperativos, darle recursos a un MOPT (después de defenestrarlo de corrupción) de tal manera que vuelva a ser el gran protagonista en la construcción de obras públicas en competencia con la empresa privada, etc.
Algunas voces dentro de la oposición, sin vocación democrática, quieren que el Reglamento siga impidiendo que las decisiones se tomen por mayoría. Es evidente que esas personas planean seguir siendo oposición y minoría hasta la eternidad. Valoran como logro supremo de sus carreras políticas el tamaño del carretillo que abarrotaron con mociones plagadas de bobadas y no el cumplimiento de sus obligaciones con la construcción de soluciones.
En Costa Rica la política tradicional –el PLN y el PUSC– diseñó el actual Reglamento e inventó su utilización para el obstruccionismo. Pero curiosamente han sido políticos de los extremos ideológicos, los cuales presumen de representar el cambio, los que se han montado en ese Reglamento, perfeccionando las mañas y tretas del PLUSC para impedir que se voten proyectos cuando perciben que el voto mayoritario irá en contra de su opinión. Que a los líderes libertarios, derechistas y por lo tanto elitistas les importe un bledo las mayorías, no debe sorprendernos. Pero los obstruccionistas de izquierda deberían tomar en cuenta que si las reglas parlamentarias existentes en Ecuador, Venezuela o Bolivia hubiesen tenido un 1% de las posibilidades para el obstruccionismo que tiene nuestro Reglamento Legislativo, Correa, Chávez y Morales no hubiesen logrado ninguna transformación. Así que espero se llegue a un consenso sobre la necesidad de que los deseos de las mayorías legislativas costarricenses se puedan convertir en decisiones.
Otras propuestas.
Dentro de otras propuestas escogidas por la presidenta también estoy de acuerdo con lo siguiente:
1. La eliminación de los requisitos de cuórum para la mayor parte del funcionamiento de la Asamblea Legislativa.
2. La eliminación de la consulta legislativa facultativa de constitucionalidad.
3. Que la Sala IV tome en cuenta la disponibilidad de recursos a la hora de resolver sobre derechos prestacionales (aunque lo correcto sería que no dé curso a ese tipo de acciones).
4. La propuesta para agilizar las expropiaciones (nuestro exdiputado Marvin Rojas presentó un proyecto en esa dirección).
5. Que la Contraloría haga controles ex post .
6. Que no se meta a opinar sobre la conveniencia de los proyectos.
7. La eliminación de las juntas directivas.
8. La eliminación de la ley 4-3.
9. La fundición de instituciones que hacen prácticamente lo mismo (lo hemos propuesto desde que fundamos el PAC y aun antes).
10. Las propuestas para mejorar la coordinación y la jerarquización de responsabilidades dentro del Poder Ejecutivo (aunque esto ya existe en la Ley de Administración Pública y la Ley de Planificación, tal y como lo ha explicado profusamente el Dr Johnny Meoño).
11. La creación de espacios de diálogo y consulta permanente con la sociedad civil por medio de una instancia como el Consejo Económico y Social (lo propusimos desde hace años).
Por otra parte, no me parece conveniente la aprobación de la revocatoria del mandato de los diputados ni la posibilidad de que la censura a un ministro se convierta en destitución. Este país no cuenta hoy día con una clase política con la ética requerida para utilizar responsablemente esas herramientas.
En nuestro país sobran espacios para la politiquería y faltan para la ejecución. Me parece un error crear más espacios para la politiquería. Tampoco me parece conveniente la idea de que los dictámenes de la Contraloría y de la Procuraduría ya no sean vinculantes.
En fin, bien por la presidenta. Da un gigantesco salto, desde el confort edificado por los últimos presidentes con excusas y lloriqueos sobre la ingobernabilidad, para tomar el toro por los cuernos y asumir los riesgos derivados de hacer propuestas dirigidas a superar ese problema.
Pero no nos hagamos ilusiones. Se trata de herramientas accesorias, del Plan B. Como dije antes, mientras no se haga una revolución en la calidad ética de la política y la administración pública, resultará difícil alcanzar los atinados objetivos (fluidez en la toma y ejecución de decisiones) que se persiguen con estas reformas.
Sin embargo, mientras ese tipo de política no llegue al poder, debemos acompañar a la presidenta y hacer todo lo posible para que al menos lo accesorio camine. ¡Buen tema para la campaña!
