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Vulnerabilidad hídrica y gestión ambiental del Estado

Actualizado el 20 de febrero de 2013 a las 12:00 am

La ineficienciaestatal nosestá llevando a unaseria crisis

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Vulnerabilidad hídrica y gestión ambiental del Estado - 1
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Vulnerabilidad hídrica y gestión ambiental del Estado - 1

Como ya se ha mencionado previamente (vea www.allanastorga.com ), nuestro país es un territorio bendecido en materia de riqueza de recursos hídricos. En particular, es un territorio rico en aguas subterráneas. Hemos estimado que aproximadamente el 76 % del país presenta acuíferos subterráneos, lo que implica una reserva potencial de aproximadamente 20.000 metros cúbicos de agua subterránea por habitante.

Empero, eso no significa que dicha riqueza se distribuya de forma similar en todo el país y que se vaya a mantener para siempre pues es claro que las reservas de agua subterránea también son vulnerables a la variabilidad climática y los impactos ambientales generados por una ineficiente planificación territorial.

Asimismo, se debe tener claro que una cosa es la disposición y otra es su administración, que precisamente es el tema en el que estamos fallando de forma impresionante. Para ser más exactos, incluso, una cosa es la bendición con la que la naturaleza nos ha deparado tanta agua, otra lo que pareciera ser la imprecación de tener decisores políticos con una visión tan limitada sobre este tema fundamental para el desarrollo de cualquier país.

Indicadores. El caso de la Gran Área Metropolitana (GAM) es la mejor muestra de que la administración de los recursos hídricos están fallando. Veamos algunos elementos indicadores.

En primer lugar, a pesar de saberse desde hace mucho que las áreas de recarga de sus estratégicos acuíferos (Barva, Colima Inferior y Colima Superior) que suministran hasta el 70 % del agua de la GAM, se localizan en la cordillera Volcánica Central, en particular del volcán Barva, resulta que seguimos urbanizándolas, provocando con ello la pérdida de bosques y cobertura vegetal que favorecen la infiltración y la sustituimos con construcciones que impermeabilizan los terrenos, debilitando los acuíferos y secando, poco a poco, los manantiales y nacientes que fluyen de estos. Esto a pesar de que el Plan GAM de 1982, modificado en 1997, establece este territorio como una “Zona Especial de Protección”. Entonces, ¿por qué seguimos urbanizándola?

En segundo lugar, en el año 2006, el Senara detectó que en la GAM estábamos sobreexplotando los acuíferos, al extraer de estos más agua de la que naturalmente se infiltra en ellos, tornándose insostenible a mediano y largo plazo seguir perforando con nuevos pozos estos acuíferos. La pregunta entonces es esta: ¿Qué se ha hecho para establecer una solución integral a esta situación?

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En tercer lugar, a pesar de los esfuerzos realizados en los últimos años, se está dando una significativa sobrexplotación de los acuíferos estratégicos en la zona de la meseta del Valle Central. Solo en parte de la hoja cartográfica Abra, en un territorio de 400 km2, se registran oficialmente varios miles de pozos de extracción de aguas subterráneas. A esos pozos, sobre los cuales existe un exiguo control de la extracción de aguas y a los que se cobra un canon poco valorado, se suma una cantidad no definida (pero posiblemente similar a las de los pozos registrados) de pozos ilegales. De esta manera, la extracción de agua de los acuíferos presenta una debilitada administración debido al aprovechamiento ilegal, factor que altera por completo los balances hídricos que se puedan hacer y que son claves, para determinar el potencial disponible.

En cuarto lugar, disponemos de una bastante obsoleta y superada ley de aguas que data del año 1942. Esta antigua ley se ha visto actualizada con algunos artículos incorporados en otras leyes, y un sinnúmero de resoluciones y pronunciamientos de entes jurídicos y administrativos (Sala Constitucional, Procuraduría General de la República, Contraloría General, entre otras) que, en sumario, conforman un complejo y, en algunos casos, un contradictorio marco legal para los recursos hídricos.

Por eso, es necesario actualizar de manera integral el tema: a este respecto llevamos un largo periodo de espera de más de 12 años por una nueva ley de aguas y con la situación generada por la resolución 2012-08892 de la Sala Constitucional sobre la Matriz del Senara; la situación adquiere ya una condición de crisis en el sector de recursos hídricos.

Matriz del Senara. En este tema, la fuente del problema, no es que no se tome en cuenta la vulnerabilidad hidrogeológica de los terrenos, a fin de fijar condiciones técnicas a las actividades productivas que se van a instalar en dichos espacios geográficos, sino más bien que la misma contenga parámetros de desarrollo urbano (cobertura y densidad), sin considerar otros factores ambientales (pendiente, amenazas naturales, cobertura boscosa, etc.), como sí lo considera la zonificación de fragilidad ambiental establecida en el Decreto Ejecutivo No. 32967 Minae.

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La contradicción en este caso es que la Matriz del Senara, con los parámetros urbanos que dispone, hace que muchos terrenos aptos para desarrollo urbano según aspectos de fragilidad ambiental no lo sean según sus condiciones de vulnerabilidad hidrogeológica.

Esto, pese a que el tema hidrogeológico ya se ha tomado en cuenta como parte del análisis de esa fragilidad ambiental. En este aspecto, definitivamente, hemos llegado a una condición extrema, con lo cual, paradójicamente, estamos atrasando el avance del ordenamiento y planificación territorial. Situación que no solo ocurre en la GAM, sino en todo el país.

Soluciones. Bajo el marco anterior es claro que urgen soluciones para esta crisis administrativa del manejo y protección de los recursos hídricos que, como hemos señalado desde hace tiempo, se están convirtiendo en una verdadera “bomba de tiempo”.

En primer lugar, el camino que se ha tomado no parece ser el correcto, pues los últimos meses se han invertido en preparar un decreto ejecutivo para establecer un nuevo requisito ambiental, como lo es que una serie de proyectos, de previo a realizar la evaluación ambiental ante la Setena, primero realicen un trámite hidrogeológico ante el Senara, como si la Setena no tuviera la potestad legal para solicitar al Senara que la apoye con recursos humanos en el proceso de análisis de la evaluación ambiental que realiza.

Por otro lado, se está trabajando con una nueva versión de la Matriz por parte del Senara, la cual no necesariamente tiene garantía de resolver la situación, cuando la verdadera solución es sustituir los parámetros urbanos que tiene la actual matriz, por limitantes y condicionantes técnicas a las actividades humanas que se pretendan desarrollar en las diferentes zonas de vulnerabilidad hidrogeológica.

La solución integral a este problema, que lejos de disminuirse con el tiempo, se va haciendo cada vez más grande, a pesar de la reciente creación del Viceministerio de Aguas y Mares, es la actualización, discusión pública y publicación, en el menor plazo posible, del Reglamento para el “Manejo, uso y protección de recursos hídricos subterráneos” entregado al despacho del ministro de Ambiente desde el año 2007 y que desde hace ya 6 años sigue metido en una gaveta del Minae. Una nueva muestra de que las soluciones técnicas a los problemas existen, pero que a los políticos no les interesa mayormente resolverlos. Al respecto, es necesario que el Poder Ejecutivo se haga cargo de esta situación en serio y en el menor plazo posible.

Finalmente, las comunidades y los ciudadanos en general tenemos que asumir aún más nuestro papel vigilante, dada la irresponsabilidad manifiesta de algunas de nuestras autoridades y su total ineficiencia para preservar algo tan preciado como el agua: las comunidades organizadas en el norte de Heredia o en Sardinal, en este sentido constituyen una valiosa muestra de lo que se puede hacer desde el plano local.

Y ya no solamente como usuarios del recurso, sino también, como ciudadanos que escogemos a las autoridades, hay que buscar la forma de llamarles la atención a los que han incumplido con su responsabilidad de dar una eficiente y efectiva administración de los recursos hídricos, que es un bien colectivo, tanto de las generaciones actuales como de las futuras.

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