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Actualizado el 04 de mayo de 2013 a las 12:00 am

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Beatriz, una joven salvadoreña de 22 años , pide la interrupción de un embarazo que pone en grave riesgo su vida. Padece lupus e insuficiencia renal aguda. El feto presenta anencefalia; no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir. En El Salvador se prohíbe el aborto en todos los casos. Las autoridades salvadoreñas guardan silencio sobre la situación de Beatriz, pese a que un reciente dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos exige que se le practique el tratamiento que necesita.

Hace varios meses, en Costa Rica se presentó una situación similar. A una mujer conocida como “Aurora”, de 33 años, cuyo hijo presentaba malformaciones incompatibles con la vida, se le negó la interrupción terapéutica del embarazo, práctica sin embargo legal en nuestro país. Las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social arguyeron que la vida de Aurora no estaba en riesgo. El sufrimiento psicológico que le obligaron a padecer fue considerado como un asunto menor. En Irlanda, le rechazaron el mismo procedimiento a Savita Halappanavar , una mujer india de 31 años, pese a que el feto tampoco sobreviviría. Bajo el pretexto de que Irlanda es un país católico y que la ley prohíbe el aborto, los médicos esperaron a que el corazón del feto dejara de latir para realizar la operación. Fue demasiado tarde. Savita murió de septicemia pocas horas después.

Casos dramáticos como estos muestran una vez más hasta qué punto la “ideología patriarcal sobre la maternidad” –sobre la que disertó la filósofa española Celia Amorós en Costa Rica – equivale a una sentencia de muerte cuando se les impone a las mujeres como un deber absoluto, a costa de su salud y supervivencia, y aun si la vida del feto que se pretende proteger es insalvable.

Nos revelan también la cara hipócrita de las sociedades que han hecho de la interrupción del embarazo un crimen. El aborto, sea por razones terapéuticas, por violación, incesto, o por decisión de la mujer, no es un asunto de vida o muerte para las hijas de la clase acomodada. No es un problema insoluble para las señoras de clase alta. Basta con pagar un viaje al extranjero. Quienes llegan a sufrir el efecto funesto de la ley, o a padecer las consecuencias de un aborto practicado en condiciones insalubres, son principalmente mujeres de escasos recursos.

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Tal vez –en parte– por eso los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres no figuran entre la lista de exigencias para cierto sector de la sociedad, gente con educación y dinero, que dice estar de acuerdo con la despenalización del aborto, pero en voz baja, con el aplomo que da resolver el mundo alrededor de una mesa de tragos... “¡Es que este país...!”, se exclamarán acaso, a modo de queja. ¿Les veremos dejar el lamento a un lado y defender su posición en público, o realizar acciones para que “este país” cambie al fin?

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