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Actualizado el 06 de abril de 2013 a las 12:00 am

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Con una importante ventaja en las últimas encuestas sobre las intenciones de voto, y aun gozando de la privilegiada posición que ocupa desde la plataforma de la Municipalidad de San José, el alcalde y actual candidato presidencial, Johnny Araya, no desperdicia oportunidad para hacer campaña política. Durante la Semana Santa, se le concedió el púlpito de la catedral metropolitana, cortesía de Mons. Hugo Barrantes, para dirigirse a la feligresía con un mensaje político sobre la necesidad de buscar alianzas. “Quiero agradecer a las autoridades de la Iglesia el apoyo que me han dado en mi gestión”, dijo Araya. Hoy por ti, mañana por mí.

Pocos días después, se publicó la última encuesta de Unimer: casi la mitad de la ciudadanía costarricense es favorable a un Estado laico . Pese a que el apoyo de la población a un Estado sin religión oficial aumentó por tercera vez consecutiva en 18 meses, gobernantes permanecen desatentos al sentir ciudadano. Mientras este considera poco relevante la religión de un canditato o candidata a la hora de emitir el voto, no se le ha dado siquiera el primer trámite legislativo a la iniciativa presentada por diputados del PAC, Frente Amplio y Movimiento Libertario para reformar el artículo 75 de la Constitución. Por su parte, el Gobierno anuncia que durante el mes de julio enviará al Congreso el concordato negociado con el Vaticano.

Se ha presentado de manera errónea –y engañosa– el concordato como una condición para el Estado laico, y como una forma de modernizar la relación entre ambos Estados. Sobre lo primero, la decisión de mantener o no el carácter confesional de un Estado es soberana; no requiere de ningún acuerdo con un Estado extranjero.

Por otro lado, llama la atención que el Gobierno busque “modernizar” las relaciones con el Vaticano en el siglo XXI utilizando una figura creada por Napoleón a inicios del siglo XIX, y preferida por los gobiernos fascistas europeos durante el siglo XX. El concordato implica pérdida de autonomía tanto para la religión como para lo político: privilegios temporales para la Iglesia, a cambio de su apoyo al jerarca de turno. No solo no moderniza relaciones, sino que implica regresión; perpetúa un sistema de discriminación incompatible con el principio de la laicidad, que garantiza a la vez libertad de conciencia e igualdad de estatuto de creencias y cultos.

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En noviembre del 2011, el canciller Enrique Castillo dijo que velaría “ por que la negociación defienda los mejores intereses del Estado ”. ¿Cuáles son esos intereses en esta negociación? Si fuese eliminar privilegios de la Iglesia católica, ¿para qué un concordato si un Estado laico resolvería el problema? Es claro que si se piensa en un concordato es para que la Iglesia católica pueda mantener ciertas prerrogativas. Tenemos el derecho de saber cuáles son y qué necesidad hay de mantenerlas.

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