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Oferentes no autorizados pueden poner su patrimonio en riesgo

Verifique la legalidad de quien le vende seguros y pensiones

Actualizado el 16 de febrero de 2013 a las 12:00 am

Reclamos son más difíciles de hacer si la póliza o plan no están regulados en el país

Aseguradoras, fondos de pensión e intermediarios deben estar autorizados

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                         Un contacto remoto y la ausencia de una dirección física en el país podrían ser señal de una oferta ilegal. | ARCHIVO
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Un contacto remoto y la ausencia de una dirección física en el país podrían ser señal de una oferta ilegal. | ARCHIVO

El ahorro para su pensión o el dinero de la póliza que cubre sus riesgos podrían caer en las manos equivocadas si no verifica la legalidad del intermediario que le ofrece estos productos.

De manera similar a los “chinamos financieros”, que operan en el mercado de valores, también hay personas y empresas que ofrecen pólizas y planes de ahorro para el retiro que no están autorizados en el país, y que no están regulados localmente.

Para la Superintendencia General de Seguros (Sugese) y la Superintendencia de Pensiones (Supen) la manera en la que abordan a sus potenciales clientes, generalmente remota, dificulta rastrear el origen de la oferta.

Esta condición ocasiona que en el caso de una disconformidad, los afectados tengan menos herramientas para defenderse y reclamar sus derechos.

Prevención. Para evitar estos inconvenientes, las superintendencias recomiendan que las personas se cercioren de que la póliza o el plan de pensiones que piensan adquirir están autorizados.

En Costa Rica solo seis operadoras de fondos de pensiones pueden ofrecer planes de jubilación: BAC Pensiones, BCR Pensiones, BN Vital, CCSS OPC, Popular Pensiones y Vida Plena.

En el caso de las pólizas, los productos pueden ser ofrecidos por 10 compañías autorizadas: INS, Seguros del Magisterio, Mapfre, Assa, Pan American Life, Adisa, Seguros Bolívar, Qualitas, BMI, y Atlantic Southern.

A su vez, estos entes pueden echar mano de intermediarios que también deben contar con una autorización.

Riesgos. La compra de servicios a un intermediario no regulado puede traerle consecuencias a su patrimonio futuro.

En el caso de los seguros, aun cuando se trate de un producto legítimo, las personas se exponen a que no puedan hacer un reclamo o que las condiciones cambien, por tratarse de un operador que no está supervisado localmente, explicó Tomás Soley, superintendente de Seguros.

Para los planes de pensiones no regulados, la situación es similar. Las personas se exponen a que los recursos no se manejen de manera adecuada, pues una de las funciones del supervisor es la de evitar que los administradores de los fondos incurran en excesos y que garanticen la solvencia y liquidez, comentó Édgar Robles, superintendente de Pensiones.

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Los supervisores recomiendan hacer la denuncia ante ellos frente a estas anomalías.

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