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Vencer el estancamiento

Actualizado el 31 de diciembre de 2008 a las 12:00 am

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Interrogado sobre la diferencia entre un político y un estadista, el pensador estadounidense James Freeman Clarke, respondió: “El político piensa en las próximas elecciones; el estadista, en las próximas generaciones”. Nuestros ciudadanos parecieran compartir el hastío del presidente Arias respecto a la imposibilidad de tomar decisiones e implementar acciones a tiempo en Costa Rica. La democracia, finalmente, se mide por resultados, y los costarricenses no parecieran estar conformes. Así lo demuestra la preocupante caída de un 16% en el índice de apoyo a la democracia en Costa Rica en el último año, de acuerdo con datos del Latinobarómetro.

En los últimos cuatro gobiernos se ha realizado idéntica observación: Costa Rica sufre problemas crónicos de gobernabilidad. Los temas esenciales se diluyen en el tiempo sin llegar a plantearse y, sobre todo, a concretarse soluciones. Tristemente, la estructura institucional de nuestro Estado pareciera un “embudo” que nos impide pensar en el futuro, y nos mantiene perennemente encadenados a la coyuntura, a lo trivial.

Exceso de diagnósticos. Los diagnósticos abundan; bien podríamos empapelar nuestros caminos vecinales con ellos. Conocemos nuestros males, y sabemos cómo remediarlos. En cuanto a cambios constitucionales, se requiere garantizar de forma permanente la dotación del 8% del producto interno bruto ( PIB) para educación; así como la inclusión de un capítulo de garantías ambientales. También es necesario modificar la Carta Magna para fortalecer la autonomía municipal (al menos autorizarles para donar inmuebles y definir sus patentes), y remozar nuestros sistema electoral. Es tiempo de repensar nuestro sistema de elección de diputados, la conveniencia de propiciar la carrera parlamentaria, y la necesidad de dotar de financiamiento público, de forma permanente, a los partidos políticos, entre otros. Además, deben propiciarse otros cambios de carácter no constitucional, igualmente relevantes para dinamizar la gestión pública. Entre ellos, debe reformarse el reglamento legislativo para reducir la cantidad de diputados que conforman quórum, y para impedir que las discusiones de proyectos de ley se extiendan indefinidamente. Asimismo, debe elevarse la cantidad de firmas necesarias para hacer consultas facultativas a la Sala IV y establecerse el principio de responsabilidad presupuestaria; es decir, que las iniciativas que impliquen gasto público estipulen obligatoriamente de dónde vendrán los recursos.

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Urge reformar la Ley general de Administración Pública , para buscar desatarle las manos a los ministros; así como la Ley de contratación administrativa , corresponsable del lento avance de la obra pública en Costa Rica. Vale la pena evaluar cuán oportuno resulta que los dictámenes de la Procuraduría General de la República sean vinculantes para el Ejecutivo, pues esto achica su margen de acción. También deben delimitarse las competencias de la Contraloría General de la República, para evitar que, además de controlar –en lo que debe concentrarse– coadministre la cosa pública.

Fortalecer la competitividad. De igual modo, debe fortalecerse la competitividad y proteger a nuestros emprendedores de la tramitología (en Costa Rica el papeleo necesario para iniciar una empresa toma meses, mientras que en Brasil o Panamá tarda semanas o días). Además, sería prudente propiciar alguna autocontención por parte de la Sala Constitucional, para restringir sus intervenciones precisamente al ámbito indicado por su nombre, en vez de desvirtuarse como una “jurisdicción enciclopédica”.

Todos estos cambios, y muchos más, constituirían una especie de “plan A” para vencer el estancamiento y propiciar el desarrollo. Lograrlos requiere de una serie de acuerdos en la esfera política y social de nuestro país. Sin embargo, en el contexto actual esperar eso pareciera, si no utópico, sí bastante complicado. En las últimas tres administraciones ha sido raquítico el número de reformas constitucionales aprobadas, pese a que la Asamblea dedica cada miércoles a discutirlas. Tres proyectos en particular (el “combo ICE”, el Pacto Fiscal y el TLC con los EE. UU.) han monopolizado la agenda legislativa y política de los últimos diez años, opacando o sofocando otras iniciativas estratégicas para el progreso del país.

Todos esperamos el logro de un acuerdo, que propicie las reformas que urgen y desentrabar así el país. No obstante, de no ser así, no pareciera descabellado pensar en un “plan B”: convocar a una asamblea constituyente, un gran foro nacional de diálogo estratégico para tomar decisiones trascendentales, iniciativa que, sin duda, conlleva retos.

Remozar la democracia. A pesar de la previsión de la propia Carta Magna (artículos 7 y 196), no existe claridad sobre el procedimiento para la eventual convocatoria y conformación de una Constituyente.

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Además, pareciera prudente dilucidar de antemano los temas sujetos a discusión, así como los que no estamos dispuestos a variar–más allá de las potestades de la propia Constituyente–. Estos temas se podrían debatir ahora mismo, pues, tarde o temprano, podríamos vernos en la necesidad de dar este paso.

Claramente, la democracia costarricense requiere remozarse. Nuestra ciudadanía pide resultados; urge contar con un aparato estatal que sea capaz de escuchar sus demandas, responder a sus necesidades e implementar soluciones a tiempo. No hacerlo es seguir propiciando el desgaste de nuestro sistema político. Por lo tanto, consensuar y concretar reformas para dinamizar el Estado y, de no lograrse, abrir el espacio a una constituyente, es necesario y oportuno. Espero que tengamos la altura necesaria para no postergar más esta discusión y, sobre todo, para hacerlo desde la sesuda posición del “estadista”.

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