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Actualizado el 05 de junio de 2013 a las 12:00 am

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El cooperativismo honra a nuestro país. Sus logros han sido numerosos en el orden social, económico y democrático. Sin embargo, precisamente por estas preseas y por su historial ha sido, a lo largo del tiempo, una tentación permanente para ciertos personajes y partidos políticos, en contra del interés nacional.

Esta ha sido una lucha difícil. Me consta de manera directa por cuanto he seguido con devoción y atención su desenvolvimiento sobre todo en los últimos seis años y junto con otros costarricenses he puesto mi granito de arena para salvarlo de las dentelladas de los politiqueros. Estos han sido años difíciles, pero ricos en obras. El cooperativismo nacional muestra hoy una nueva cara y los que se proclaman con orgullo cooperativistas lo pueden demostrar con nobles credenciales. Cito una: el cooperativismo nacional funciona hoy, por primera vez, con un padrón limpio donde están todos los que son y fueron expulsados, los advenedizos, al servicio de los políticos, que, hasta hace poco, conformaban el 50 por ciento del cooperativismo y que, por consiguiente, controlaban esta poderosa fuerza social.

La última batalla de este esfuerzo de limpieza y legalidad se dio anteayer, cuando el Directorio Nacional de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras envió una carta a la presidenta Laura Chinchilla, para pedirle que pusiera en práctica el acuerdo del 12 de enero pasado de dicha asamblea sobre la ratificación de los siete miembros de la Junta Directiva Nacional, a fin de que el Banco Popular funcionara conforme a derecho.

El secretario general de ANEP, según esta publicación, presentó un amparo y una acción de inconstitucionalidad pidiendo suspender la citada asamblea plenaria y los actos en ella emitidos. La Sala Constitucional y la Procuraduría General rechazaron por carencia de sustento legal la petición del secretario general de ANEP por ser “irrelevante a los intereses del sindicato”. ¿Por qué este sindicalista se entrometió? Quienes han seguido los recovecos sindicales en estos meses saben bien el porqué'

¿Por qué el Gobierno o algunos personajes de este mantienen contra todo derecho la junta interventora actual del Banco Popular? Esta es la gran pregunta. Entendemos que ayer el Gobierno estuvo de acuerdo en dejar en el cargo de presidente de este banco a Francisco Antonio Pacheco, hasta agosto próximo, y no impedir la designación de los cuatro representantes de los trabajadores en la junta directiva. El Gobierno nombraría a los tres de su competencia. Este compromiso no se cumplió, pues un duendecillo, ayer todo lo estropeó.

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No puede ser que los oportunistas y ciertos intereses politiqueros sigan haciendo de las suyas.

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