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Actualizado el 01 de mayo de 2013 a las 12:00 am

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Hoy es primero de mayo de 2013. El año avanza sin misericordia y sin tregua. Es decir, en el mes de febrero próximo, el pueblo costarricense elegirá a su nuevo presidente o presidenta y, dentro de un año exactamente, se juramentará el nuevo gobernante. A la vez, otros 57 diputados ocuparán sus respectivas curules. ¿Para qué? ¿Qué nos deparará este nuevo ciclo?

Paradójicamente en medio de la confusión política actual o, más precisamente, parlamentaria figuran, en la mesa de discusión, proyectos de la máxima importancia, unos con tres o más años de antesala y otros más recientes. Si solo unos cinco proyectos de estos recibiesen la unción de la mayoría de los diputados y la bendición presidencial, podríamos dar un salto cualitativo y emprender un nuevo itinerario. Pero sobre nuestro país pesa una especie de maldición política en el orden de las decisiones. No podemos pasar a la acción.

Esta indecisión tiene dos nombres y dos responsables directos: el gremialismo (los sindicatos), sobre todo los más poderosos en número, esto es, en capacidad de chantaje, y los diputados. En cuanto a estos, dato curioso y notable, no importa la cantidad. Un solo diputado, en razón del reglamento legislativo, tiene el poder de la totalidad. Uno solo puede paralizar el Parlamento, gracias a una serie de normas orientadas precisamente a esta finalidad. No hace falta presentar pruebas. Varias décadas y, sobre todo, los últimos años de labor parlamentaria así lo confirman. Costa Rica no es ingobernable por las razones que se han aducido, sino simple y sencillamente por la vigencia y manoseo de dicho reglamento.

La lectura de La Nación de ayer constituye una cátedra de ingobernabilidad o, mejor, de los dos motivos que en estos años han originado este tumor político: el sindicalismo, en los términos dichos anteriormente, y el reglamento legislativo. Me refiero concretamente a la información de la página 4A, intitulada “Calles unen a sindicatos tras falta de diálogo con el Gobierno”, y a la que versa sobre la Asamblea Legislativa: “Campaña electoral distrae a diputados en su último año” (Página 5.ª). En medio figuran las declaraciones del ministro de Trabajo, apegadas a la ley y a la razón, con visión de futuro e inspiradas en el interés público, que no importan a los diputados y son motivo de mofa para los dirigentes sindicales.

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Si tomamos nota de la urgencia y trascendencia de algunos de los proyectos legislativos propuestos y los enfrentamos con las declaraciones y la conducta de algunos diputados y dirigentes sindicales, preguntémonos hacia dónde va nuestro país. Preguntémonos cuáles son los propósitos de los dirigentes sindicales y de no pocos diputados. Una pregunta que los responsables saben evadir.

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