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Actualizado el 24 de abril de 2013 a las 12:00 am

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Cuando un inspector de Trabajo detecta el irrespeto de un patrono contra las garantías laborales de ley, no puede aplicar la multa correspondiente en el acto o en el lugar de trabajo, pues debe enviar el caso a los tribunales y esperar un plazo mínimo de dos o tres años para que el juez determine el monto y día del pago de la multa. El juez debe tomar en cuenta la cantidad de trabajadores afectados y la naturaleza de los abusos.

En vista de la injusticia acumulada en esta norma, alguien se apiadó de los trabajadores y ha propuesto una reforma que, según una información periodística, tocará las puertas de la Asamblea Legislativa “en los próximos meses” para agilizar el mecanismo de sanción. Así, si el empleador ha incumplido, recibe una prevención oficial y un plazo para que se ponga al día. Si no cumple, puede ser obligado a cumplir en un lapso entre 24 horas hasta un mes. La ley actual, alcahuete y generosa, ha sido una proclama de impunidad, pues, siendo tan amplio el plazo para que el empleador cumpla, este tiene a mano todas las oportunidades posibles para burlar la ley y salir impunes: declaratoria de quiebra del negocio, cierre, cambio del nombre de la personería jurídica o cualesquiera otros expedientes o recursos a que son adictos los corruptos.

De lo dicho cabe una conclusión: el estado de indefensión de numerosos trabajadores ante las acometidas del propio Estado y ante las enormes grietas de injusticia inscritas en la legislación laboral. La indefensión está documentada en el lapso de dos o tres años para recibir el pago correspondiente, según la ley vigente, una vez comprobada la falta, y, sobre todo, en la despreocupación del Estado y, en general, de la sociedad durante tanto tiempo. ¿Cuánto tiempo ha tenido que transcurrir para que el Estado, concretamente el Ministerio de Trabajo, haya tolerado esta injusticia sin que, hasta ahora, haya propuesto una reforma sobre el particular? Una reforma, por cierto, que en sí no significa aún un acto de justicia por cuanto el envío de un proyecto a la Asamblea Legislativa representa simplemente un acto burocrático, sometido a todos los vaivenes de la política, y que puede desembocar en una burla descomunal.

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Una burla en sí, por el paso del tiempo, y por estar asentada sobre una legislación injusta que, pese a la reforma planteada o prometida, sigue su curso como algo natural. Téngase en cuenta que, en este comentario, hago hincapié en la dimensión ética y legal de la justicia, desde el punto de vista teórico, y no en la interminable lista de faltas o pecados contra la justicia en sí, que todos los días se cometen en muchos lugares de trabajo porque, al fin de cuentas, estos actos de inhumanidad poco importan.

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