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Actualizado el 27 de marzo de 2013 a las 12:00 am

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¿Por qué hasta ahora un Gobierno denuncia formalmente la soberana injusticia o desigualdad en que está montado el sistema salarial en el sector público, se compromete a regularlo con fundamento en la ley y la justicia, y con este fin convoca a los dirigentes sindicales al diálogo?

¿Por qué hasta ahora se le plantea al país esta grave cuestión no para fingir o impresionar, sino para salir de este estado de verguenza y falsedad que domina al Estado, a la política y al gremialismo nacional? ¿Por qué, además, los Gobiernos, excepto el actual, han desoído, por tanto tiempo, los clamores y denuncias de la Contraloría General de la República en este sentido, al punto que, según esta institución, no es posible gobernar en el país con un elemental sentido de justicia y eficiencia, mientras subsista este sistema de iniquidad, donde son los sectores más necesitados los que pagan estas facturas de privilegios y regalías?

Recientemente este tema fue objeto de un reportaje de La Nación , seguido de un vigoroso editorial de este periódico y de una invitación del ministro de Trabajo a los dirigentes gremiales para hablar. Hablar, compartir, dar razones en uno u otro sentido: el ejercicio más noble y sencillo de las personas para rectificar, avanzar y ponerse de acuerdo. Pues bien, este ejercicio de civilidad y de homenaje a la razón no fue posible. La respuesta sindical, en manada, fue el insulto, el arma del miedo y la socorrida táctica de la democracia callejera.

El ministro de Trabajo, en esta oportunidad, ofreció argumentos de peso que, en el marco de una democracia madura y en una sociedad respetuosa de los principios de la justicia, la igualdad y la solidaridad, habrían, de inmediato, promovido un debate sobre el particular. En Costa Rica la reacción sindical fue otra, fundada en el egoísmo y la prepotencia de los dirigentes a quienes les importa un bledo la suerte de los sectores más pobres del país o una reforma del Estado inspirada en valores éticos de justicia y de eficiencia. Nuestros dirigentes sindicales saben bien que, en todo caso, los Gobiernos siempre se han inclinado a favor de la fuerza del número o del miedo y que las huelgas siempre terminan con salutaciones y brindis por el triunfo del diálogo y la democracia'

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Así los dirigentes gremiales han logrado todo, al punto de construir un sistema de falsedad y de injusticia que, además, se proclama abanderado de las clases más necesitadas y defensor del sistema democrático. En el fondo, un sistema de antivalores insoportable. En esta confusión conceptual, legal y moral, manipulada por expertos en la materia, se han desenvuelto nuestras relaciones laborales, y ya, por el imperio de los hechos, toca a su fin.

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