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Actualizado el 01 de marzo de 2013 a las 12:00 am

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Tres ejemplos de un país que perdió la razón. La presidenta de la República, Laura Chinchilla, colocó el lunes pasado la primera piedra para el nuevo muelle petrolero de Moín. Asimismo, ordenó la construcción del nuevo muelle granelero o terminal multipropósito en puerto Caldera, de 180 metros, que, según informó este periódico, servirá para descargar granos, abono e insumos industriales.

Estas son, por supuesto, dos grandes noticias que, aunadas al proyecto de megapuerto en Limón, nos ayudarán a vencer nuestro subdesarrollo portuario. Alegrémonos, pero, eso sí, nos olvidemos la parte triste de esta historia: la construcción de la estructura de este puerto granelero se atrasó seis años –sí, seis años– por los recursos de amparo y una acción de inconstitucionalidad interpuestos por los sindicatos opuestos a esta obra. Estos años de letargo o, mejor, de irresponsabilidad sindical significaron una pérdida de de $125 millones para el país.

¿Por qué los sindicatos recurrieron, malévolamente, al Estado de derecho para oponerse a este proyecto sin razón alguna? Duele decirlo, pero hay que decirlo: por un tonto protagonismo y para causarle un daño al país. Si no hay razones, triunfa la mala fe. La otra parte de esta historia la escribió la Sala Constitucional. ¿Por qué tardó seis años en resolver un juicio a sabiendas de su trascendencia y si, además, el sentido común indicaba que estos atrasos se pagan siempre a precio de oro? Hizo bien, por ello, la presidenta en censurar, en su discurso, a los expertos en los excesos de trámites y bloqueos que le han causado al país pérdidas enormes que, además, quedan impunes.

De los puertos a la CCSS. Su Junta Directiva eliminó los permisos para ausentarse del trabajo, una vez al mes, a 70 delegados del Colegio de Médicos, quienes viajaban desde diferentes lugares del país para reunirse en La Sabana, en la sede de este gremio. El presidente de este gremio gozaba, por cierto, de un permiso con goce salarial para faltar al trabajo en la CCSS, de lunes a viernes, por dos años, siendo que la autorización inicial era de cuatro horas por semana. Según la Procuraduría, estos 70 permisos son ilegales “por cuanto se hace un mal uso de los fondos públicos”. Pese a ello, los dirigentes gremiales y su abogado se oponen al criterio legal' y moral. ¿Hasta cuándo tanto cinismo?

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Si, en lugar de generar electricidad con combustibles, se hubiera comprado energía eólica e hídrica a particulares, el país habría ahorrado unos $608 millones en cinco años (2008 al 2012). ¿Por qué no se hizo? Podríamos publicar un montón de locuras parecidas, pero mejor preguntémonos qué ha significado en nuestro país gobernar'

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