Como lo he expresado en otras columnas, no solo soy un lector asiduo y reflexivo de la prensa nacional, sino también adolorido. Como atento e impenitente, trato de sacarles el jugo a las noticias y a las opiniones, por su aplicabilidad a la realidad nacional y al trabajo diario, y si producen desasosiego porque “se desaprovechan sus ventajas” informativas, como escribió este periódico el lunes pasado, el hecho de tomar nota de este pecado de omisión no deja de ser una ganancia.
Pues bien, este lunes pasado La Nación nos dijo que “el país desaprovecha ventajas de ahorro del teletrabajo”. Este es un tema constante actualmente en el sector público y en el privado. Posiblemente, nos atrae la novedad, pero no ahondamos en él. Tampoco lo hacemos ante muchas otras informaciones en los más diversos campos del saber o de las actividades diarias.
Un día escribí, acicateado por este derroche de noticias útiles para la vida cotidiana, que un Gobierno debería disponer de una oficina encargada de recoger todas aquellas informaciones o ideas de fácil aplicación, en la prensa nacional o en otros ámbitos, que podrían enriquecer su acervo de pequeños o grandes proyectos. En esta lista cabrían, asimismo, las sugerencias o necesidades de la población que, captadas a tiempo, librarían a los Gobiernos de errores, disparates, omisiones y molestias. Tanto que hablamos de participación de las comunidades en el quehacer gubernamental y tanto que desperdiciamos estos filones de acción social.
El teletrabajo representa una de las muchas oportunidades desaprovechadas en nuestro país, donde la lista de despilfarros es larga. El año pasado 1.500 trabajadores del sector público nos ahorraron más de ¢3.000 millones por trabajar tres días por semana en la casa. Los beneficios superarían los ¢60.000 millones si esta modalidad laboral (casera) abarcara a 30.000 trabajadores; es decir, al 10% del sector público (302.000 en total). Así lo consigna un estudio de la Comisión Nacional de Teletrabajo, según la cual cada teletrabajador ahorra, por este medio, 647 litros de gasolina por año y economiza más de ¢1,6 millones por consumo de energía, agua, uso de espacio físico y otros servicios en la institución pública. Según el coordinador de este proyecto, Jorge Llubere, sería factible incluir a 20.000 servidores públicos en este proyecto en el 2014.
Como este, otros proyectos –verdaderos tesoros– están en espera de la acción gubernamental o privada, o de su búsqueda. Es cierto que faltan recursos, certeza jurídica, información, leyes o reglamentos para culminar este proceso o modalidad, pero, sobre todo, se requiere voluntad política.
Voluntad, esta es la cuestión, pues inteligencia tenemos de sobra.
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