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Actualizado el 04 de febrero de 2013 a las 12:00 am

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No es cierto que todo pasado fue mejor. En materia de corrupción, desigualdad e injusticia social es mejor repasar la historia, meditar y cerrar la boca. Dos ejemplos.

La CCSS, paradigma de la solidaridad social en nuestro país, ha sido el blanco ideal de los peores asaltos de parte de los gremios. Cito dos casos: la Ley de Incentivos a los Profesionales en Ciencias Médicas, aprobada en 1982, obligó a la CCSS a calcular el salario total de los profesionales tomando en cuenta el salario base más el pago de guardias médicas, las horas extras y la disponibilidad. Además, esta ley encadena todo aumento a los médicos con cualquier incremento previo a los empleados del Gobierno central. Es imposible que la CCSS o el Estado resistan estas normas.

Tres heroicos compatriotas, encomiados por el editorial de La Nación del 2 de febrero pasado, plantearon un recurso de inconstitucionalidad contra esta ley. Son ellos Ligia Fallas, secretaria de la institución desde hace 25 años, el abogado Sergio Ramírez y una amiga de ambos, con el apoyo de la presidenta ejecutiva de la CCSS, Ileana Balmaceda, objeto de persecución de parte del sindicato Siprocimeca. Los tribunales ya declararon con lugar 350 demandas y, de seguir este curso de liberalidad, la CCSS tendría que pagar 174. 000 millones de colones, lo que significa su ruina. La Sala Cuarta y la Asamblea Legislativa deberán decidir pronto esta cuestión y contener este asalto contra la seguridad social.

Segundo asalto contra la CCSS: el fraguado antes del 2010 y denunciado por el actual Gobierno y las autoridades de la institución. Un escándalo de irresponsabilidad, de igual calibre que el anterior, aún en espera de la justicia. El Gobierno y la CCSS han realizado, en el 2011, un encomiable esfuerzo de recuperación financiera, que ha de continuar en los años venideros. En síntesis, en 30 años la CCSS ha sufrido dos ataques suficientes para liquidarla. ¿Dónde están los responsables? Esta es la cuestión.

¿Dónde están los responsables del Gobierno y de la CCS, en 1982, que no previeron y se dejaron chantajear por un grupo de dirigentes sindicales? Y ¿dónde estaban los que, en el Gobierno y en la CCSS, vieron y oyeron lo que estaba pasando antes del 2010 y que, una vez denunciado el hecho, han realizado una intensa campaña para culpar a otros de su propia complicidad? ¿Dónde han estado las instituciones encargadas de defender los derechos de los habitantes? ¿Por qué solo tres ciudadanos valerosos han salido por los fueros de la CCSS?

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Retrato nacional: 20% de costarricenses son pobres de solemnidad, la desigualdad sigue y los asaltos a la CCSS llevan ya muchos años.

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