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Actualizado el 30 de enero de 2013 a las 12:00 am

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¿Por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo este comentario ante el cúmulo de noticias sobre la renuencia de las empresas de gas a aceptar los controles del Estado en beneficio de los consumidores o, mejor, de seres humanos que compran estos productos?

Todo periodista, a la hora de verificar y describir los hechos, todo analista o lector se encuentra ante este dilema: ¿cómo explicarle a la gente, con palabra clara y ordenada, lo que está pasando? No se trata de la simple competencia profesional, sino de un deber hacia los lectores, que no dudo en llamar moral. La claridad y el respeto a los hechos es un deber moral por ser un homenaje a la verdad. Pues bien, el caso de la venta y control del gas forma parte de este deber y con él numerosas transacciones comerciales y de otra índole en el país.

Este deber moral se acrecienta y agrava cuando de su incumplimiento se derivan consecuencias fatales para los consumidores. De aquí la trascendencia del inicio de la información de este periódico sobre la materia: “La calidad de los cilindros de gas y la seguridad de las empresas que brindan este servicio son una incógnita para el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae). El órgano ejecutor lleva siete meses solicitando informes sobre los controles que aplican las tres empresas que venden gas aquí (Gas Nacional Zeta, Tomza y Petrogas) sin recibir respuesta. Las compañías –que, por cierto, son concesionarias de un servicio público– se resisten a entregar la información y han metido recursos en contra porque dicen que afecta su competitividad, pero tienen la obligación de hacerlo”, según expresó el ministro del ramo, René Castro.

Lo dicho por el ministro René Castro da verguenza no por él, obviamente, que cumple con su deber, sino por las empresas que se niegan a dar información y que echan mano de la competitividad para hacer lo que les viene en gana. Como dice nuestro pueblo, el que la debe la teme. ¿Por qué temen dar información y ni siquiera contestan las preguntas que se le formulan, pese a que 16 plantas envasadoras deben responder por los derechos de 475.000 usuarios? Entre estos derechos figuran la vida y la integridad física de las personas. ¿No son suficientes ya tres mujeres muertas, por explosiones de gas, en estos días, y siete desde el 2009, el 396% de aumento de emergencias en seis años, otras personas que siguen internadas por esa causa y los niños huérfanos o víctimas de quemaduras graves?

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Y, ahora, ¿cómo poner fin a este comentario de tal suerte que los responsables reaccionen, y las cosas cambien? ¿Cómo vencer la irresponsabilidad y la indiferencia humanas?

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