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Actualizado el 28 de enero de 2013 a las 12:00 am

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El informe de la Comisión de Notables, creada por la presidenta de la República, ha echado a andar con buenos vientos. Esto quiere decir que no ha surgido una oposición cerrada o desatinada, proveniente del sector político o de la sociedad civil, contra sus 97 propuestas. Este panorama inicial no asegura aún su éxito, pero, al menos, despeja el horizonte para una discusión razonable.

Espigando en los medios de comunicación en estos días se aprecian ciertas pistas esperanzadoras. En primer lugar, no ha habido un rechazo ad portas , con las excepciones de los de siempre, prontos a buscar lucimiento a costa del interés público. Más bien, los diputados discutirán, hoy, la posibilidad de ampliar en una hora el debate en el plenario sobre las recomendaciones expuestas. En segundo lugar, el TSE ha allanado la vía del referendo al aclarar que debe respetarse la independencia de poderes, donde la Asamblea Legislativa tiene primacía. De este modo, se evita una escaramuza irracional. Tercero, según el criterio de algunos diputados, el análisis del informe debe ceñirse inicialmente a “algunos planteamientos de los 97 plasmados en el documento”.

Este último aspecto tiene una importancia capital. Significa aplicar la racionalidad del principio de jerarquización en un debate para desembocar en conclusiones prontas y concretas, sin extraviarse en la pretensión de resolverlo todo, lo que equivale a abrirle las puertas a todo tipo de incursiones y, al final, a quedarse con las manos vacías. Nuestra historia parlamentaria y política abunda en errores de este tipo. El objetivo de la perfección suele ocultar una trampa. Tiene razón la sabiduría popular que, en ocasiones parecidas, nos dice que lo perfecto es enemigo de lo bueno.

El secreto, pues, del éxito en la discusión de estas 97 propuestas reside en este proceso inteligente de jerarquización, esto es, de saber escoger y decidir sobre las propuestas esenciales, vale decir, aquellas que, en verdad, entrañan un contenido concreto de interés público, aunque esta escogencia signifique, como debe ser, el sacrificio de la propia vanidad o, como decíamos antes, del lucimiento personal. Desde esta perspectiva, la decisión política depende, en gran medida, de los valores éticos de cada diputado.

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Así planteadas las cosas, debe concluirse que la primera decisión en este debate nacional corresponde al reglamento de la Asamblea Legislativa, la madre de todos los vicios y calamidades políticas del país. Si este a priori moral e intelectual no se comprende y no se actúa en consecuencia, Costa Rica habrá perdido su mayor y mejor oportunidad de gobernabilidad. Todo lo demás viene por añadidura. Esta será la indulgencia plenaria para los pecados de los actuales diputados.

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