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Actualizado el 25 de enero de 2013 a las 12:00 am

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En medio del acervo informativo cotidiano se deslizan noticias que, si el lector las subestima, pierde un retazo importante de la historia real del país para juzgar con acierto y objetividad lo que ocurre. La crisis vial del país nos brinda ejemplos de primer orden en este sentido. ¿Quién pierde el sueño por el número de huecos en las carreteras, por la negligencia en las tareas de fiscalización en las obras públicas o por el número de accidentes?

La disposición o colocación de estas informaciones en los medios de comunicación nos da, asimismo, una idea de su valoración o su nivel de importancia. Este es el caso de las noticias sobre actos de corrupción, negligencia, irresponsabilidad en las instituciones públicas, o bien, en materia de inseguridad ciudadana, cuando su número o reiteración ya no suscita atención o sorpresa, o se las juzga de escaso interés público. En estas circunstancias estas noticias pasan a ocupar un lugar irrelevante en los medios, lo que, no por ello, deja de impactar la vida del país.

A principios del mes de enero de este año, este periódico informó sobre la falta de fiscalización en la carretera San José-Caldera. Hace nueve años, dice la nota, se refrendó el contrato de dicha vía y hasta la fecha carece de un fiscalizador del proyecto, un requisito básico del contrato de concesión. En vista de que el Consejo Nacional de Concesiones (CNC) no actuaba, la Contraloría General de la República le otorgó un plazo de seis meses para que pusiera las cosas a derecho y así le evitase al fisco pérdidas irreparables. ¿Será que esta es una tarea compleja o muy costosa? Pareciera que no pues, si la desidia de nueve años se debe solucionar en seis meses, obviamente ha prevalecido la falta de responsabilidad sobre las razones técnicas.

En razón de la falta del Órgano Fiscalizador, no se ha logrado realizar una supervisión adecuada sobre la ejecución y control del contrato, ni aportar los elementos de juicio necesarios u oportunos para que cada parte cumpla con su deber en aras del interés público. Si esta carretera entró en operación el 27 de enero del 2010 y si, una semana después, se detectaron deficiencias en la construcción, fácil es colegir el monto del daño causado, consignado en diversas denuncias. “La Contraloría, reza la nota de La Nación, manifestó que la ausencia de un fiscalizador contribuyó a que no se detectaran a tiempo las debilidades experimentadas en la supervisión del Proyecto San José-Caldera”.

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Según el ministro de Planificación, “desde diciembre pasado se inició el proceso de conformación del órgano fiscalizador”. Seis años después. La impunidad total. Con razón esta noticia apareció en un rincón del periódico el 11 de febrero pasado. ¡Qué pena!

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