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Actualizado el 24 de diciembre de 2012 a las 12:00 am

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La Corte Interamericana de Derechos Humanos rechazó, el jueves pasado, el argumento esgrimido por el Estado costarricense, avalado por sentencia de la Sala Constitucional, que en el 2000 había prohibido la fecundación in vitro(FIV).

Según la resolución de la Corte Interamericana, la vida comienza con la implantación del embrión en el útero. Así interpreta el artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Por lo tanto, no es procedente otorgar el carácter de persona al embrión. El Estado, por el contrario, en este juicio defendió la tesis, al igual que la Conferencia Episcopal y los sectores evangélicos, de que el embrión tiene derecho a la vida por ser en sí un ser humano y no un mero producto.

Esta es una cuestión en extremo delicada, precisamente por su relación con la vida, valor supremo, con la ética, con el derecho y, por tanto, con la persona humana. No puede, entonces, decirse, como lo han proclamado algunos, que la sentencia de la Corte Interamericana representa una derrota para nadie. Una derrota supondría, en este caso, sinrazón, que no la hay, por cuanto los opositores a la fecundación in vitro defienden el derecho a la vida sin excepción, lo que constituye una garantía soberana para este valor supremo, tal como lo expresa nuestra Constitución Política. No puede haber derrota, entonces, para un Estado y para todas aquellas personas que defendemos el derecho a la vida hasta el extremo.

Merecen respeto, por otra parte, todos aquellos, sobre todo, las familias, que defienden la fecundación in vitro, máxime cuando, por este medio, han alcanzado el don sublime de la maternidad y de la paternidad. Este debate es de tal entidad y de tan hondas consecuencias en los más diversos órdenes que, sin ceder en lo esencial, no debe contaminarse con posiciones espurias o excesos verbales. Todo lo humano merece el máximo respeto y hasta la entrega o el sacrificio de la propia vida.

El Dr. Gerardo Escalante, ginecólogo, considerado el padre de la fecundación in vitro en Costa Rica, ha adoptado una posición intermedia. “Lo que sigue –dice– es quizás más importante que el fallo, y es hacer una legislación para que esto se practique con ética y con respeto a los pacientes y a los hijos de los pacientes”. Se trata, afirma, de una técnica que ha de aplicarse como último recurso. Por su parte, el Estado costarricense, ente político, acatará el fallo. Dos razones se imponen: el poder y ascenso de la corrupción y del mercantilismo, capaz de todo, y el problema capital de nuestro tiempo: el irrespeto a la vida. La vida continúa imponente. Al final, triunfarán la verdad y el amor.

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