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Actualizado el 05 de diciembre de 2012 a las 12:00 am

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Uno está tentado de pedirles perdón a los amables lectores por poner en sus manos y en sus ojos una columna cuyo tema central pareciera pan añejo, dado el sinnúmero de veces que me he referido a él. Sin embargo, no queda más. No hay que darse por vencido, menos cuando, al parecer, este grito de protesta va calando en la Asamblea Legislativa y en la opinión.

Se trata de una cuestión capital, de la madre de casi todos los problemas del país: el reglamento de la Asamblea Legislativa y, con él, del significado del tiempo en nuestra cultura. Este enunciado lo dice todo. El domingo, por cierto, por enésima vez, lo planteó este periódico con un titular con un dato cuantitativo, vergonzoso y acusador: “Leyes clave para el país tardan hasta tres años en aprobarse”. El asunto es de tal calado que muchos, conocidos sus efectos nefastos en la vida pública, no dudamos en sostener que no es posible gobernar en Costa Rica con la vigencia y aplicación en la Asamblea Legislativa de este nefasto reglamento. Lo reiteramos y podemos probarlo.

Bueno, y ¿por qué, ante un mal tan dañino y tan antiguo, los Gobiernos, los diputados y la opinión pública no han actuado? No es este el lugar para dar una explicación cabal y total. Valga en su lugar un juicio a priori: esta omisión o indiferencia pone al descubierto una triste realidad nacional, no sé si psico- lógica o intelectual: la indiferencia del país, sobre todo de la política, ante cuestiones básicas, subyugada por una creencia devastadora: el tiempo, no la acción humana, se encarga de “solucionarlas”.

Esta cifra –la tardanza de tres años para la aprobación de algunas leyes importantes– constituye “un récord al peor rendimiento, en promedio, de la peor producción legislativa para leyes aprobadas en los dos primeros años de gobierno” desde hace 20 años. Terrible juicio sobre la ineficiencia del Parlamento. A esta causa principal del descrédito de la Asamblea Legislativa se unen otras razones: el 80% de los costarricenses, según la encuesta de Unimer de octubre pasado, condena el trabajo de las fracciones legislativas, donde los acuerdos son difíciles. Según los diputados de oposición, la obsesión por el plan fiscal originó este retraso (un argumento falso). Dato revelador fue la palpable ineficacia de la oposición cuando, en la legislatura pasada, gozó de mayoría en el Congreso.

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¿Cuáles son las consecuencias de este vulgar y perverso atraso legislativo concentrado en un reglamento inicuo, hecho para el triunfo de los incapaces y corruptos? La erosión de la institucionalidad. ¡Qué mal habla de nuestra democracia, de los partidos y de nuestros valores éticos y políticos la indiferencia para arrancar este tumor nacional!

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