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Actualizado el 26 de noviembre de 2012 a las 12:00 am

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En la página 7A de La Nación del sábado se lee: “Presidencia alista dinero para defenderse en redes sociales”. De inmediato, leída la información y aun solo el titular, surge esta pregunta: ¿Debe un Gobierno –este Gobierno– defenderse?

Mi respuesta es positiva. Todo Gobierno democrático, sobre todo por ser democrático, debe defenderse. Aún más, está obligado a defenderse no para bruñir o salvar su imagen, sino por respeto al pueblo, siempre que su guía o propósito esencial sea la defensa de la verdad, esto es, de los hechos. Se trata, entonces, de una dimensión de la información y no de la publicidad o del mero afán político. Si no se defiende del ataque injusto o falaz, de la mentira, de la desinformación, de la mala fe, le causa un perjuicio al país, interna y externamente.

Obviamente, la defensa requiere recursos que, si pasan por el filtro legal o legislativo, y, como expresamos, si la defensa se funda en la información veraz o en la verdad de los hechos, la democracia enriquece la dimensión educativa del pueblo, a fin de que su criterio sobre la política y sobre el Gobierno sea justo y correcto. Un pueblo desinformado está expuesto a la injusticia y a la corrupción, así como a la desvalorización de la institucionalidad.

El Gobierno actual incurrió, desde el principio, en un error radical: se despreocupó de lo referente a la información, a la comunicación justa y necesaria con la gente, lo que, sumado al nombramiento de algunos funcionarios mediocres, al machismo, a una crítica desbordante, a las fallas de la Asamblea Legislativa, que el pueblo suele atribuir al Gobierno, a una parte pervertida de la herencia recibida del Gobierno anterior y al cúmulo de problemas irresueltos' sumió al Gobierno, indefenso, en el desencanto.

Pareciera que esta visión está cambiando por cuanto, en verdad, el Gobierno ha modificado su relación con la gente. Tampoco se puede negar la conquista de algunos logros relevantes y se ha atrevido a tocar problemas intocables e impopulares, aquellos que precisamente por su impacto necesitan un sistema competente de comunicación e información, siendo que, como es un hecho, los medios de comunicación menos profesionales, incluidas sobre todo las redes sociales, cuentan con una incalculable potencia informativa y desinformativa. En estas condiciones, el Gobierno tiene el deber de defenderse y de informar con apego a la verdad.

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Lo expuesto guarda relación con la información legislativa, que a su pésima gestión agrega su lamentable indefensión y la deficiente información, al punto que el pueblo ignora lo bueno que ha hecho. La democracia exige en este campo un cambio total.

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