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Actualizado el 12 de noviembre de 2012 a las 12:00 am

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Los costarricenses están hartos del atropello de dirigentes sindicales y de otros grupos gremiales, así como de diputados irresponsables y falsos líderes comunales, que han tomado la ley para satisfacer sus intereses. Este juego lleva ya mucho tiempo por la falta de autoridad de Gobiernos y funcionarios, por la complacencia de los dirigentes sociales, la demagogia de los políticos y la confusión conceptual de los propios medios de comunicación que privilegian la violación de los derechos de los ciudadanos a toda otra consideración legal.

Este Gobierno ha decidido amarrarse los pantalones: abandonar la política tradicional del observador complaciente, que actúa cuando los textos legales han sido despedazados y los revoltosos lo obligan a convertir su ilegalidad en victoria, fuente de otros actos ilegales. Esta ha sido la estrategia sindical o extremista por muchos años que este gobierno ha decidido suplantar por el respeto a la ley y al orden, dos conceptos esenciales de la vida en democracia. Diversas reacciones del Gobierno en estos meses han mostrado este cambio de actitud que a toda costa debe continuarse con firmeza, so pena de hundirnos en el caos.

En este itinerario hacia la ilegalidad, propia de los gobiernos anteriores, ha aparecido un nuevo factor desestabilizador: el diputado y el dirigente político como intermediario y promotor del desorden y la ilegalidad. Esta conducta quedó patente en las escenas patéticas y el desafío de la diputada Carmen Granados, del Movimiento Libertario (ML), y del diputado Monge, del PAC, contra la Policía, el jueves pasado, en la avenida segunda, al amparo de una interpretación antojadiza del Art. 110 de la Constitución sobre la inmunidad que no surte efecto en el caso de flagrantes delitos, propio de los diputados que violan las normas constitucionales.

Con el liderazgo de la diputada Zamora, del ML, se tomó el edificio de la Contraloría, y, azuzados por el diputado Villalta, del Frente Amplio, un grupo de estudiantes universitarios hizo de las suyas frente a la Asamblea Legislativa. Los taxistas piratas bloquearon el paseo de los Estudiantes con el apoyo de la diputada Marielos Alfaro (ML). Mientras tanto, el Gobierno actuó con firmeza en la última huelga en Japdeva, en el bloqueo de los taxis piratas y de los carros cisternas en Recope. Ahora, sindicatos y líderes universitarios anuncian nuevas marchas y bloqueos para el lunes, miércoles y jueves de esta semana.

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Así, mientras el pueblo de Costa Rica busca las soluciones en las vías legales, una minoría de dirigentes sindicales, diputados, políticos y estudiantes, financiados por los contribuyentes, procura la desestabilización y el agravamiento de nuestros problemas.

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