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Actualizado el 26 de octubre de 2012 a las 12:00 am

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¿Hasta cuándo, cielo santo, nuestro país va a ser el juguete de dirigentes y grupos de presión para impedir la aprobación de las leyes que puedan beneficiarlo o perjudicarlo, o para que se satisfagan los servicios públicos a que, por ley y justicia, tienen derecho?

Las denuncias contra la desigualdad están en la boca de dirigentes políticos, analistas, diputados y medios de comunicación, cuando se trata de obligaciones impositivas, por ejemplo, pero, tratándose de privilegios que favorecen a los grupos más poderosos, por su número, valimiento político o capacidad económica y de presión, cualquier medio es, al parecer, aceptable o goza de la indiferencia general o de la impunidad. Hasta se han derogado leyes para favorecer o estimular los actos de agresión social, al calor de un falso concepto de legalidad o de democracia.

La indiferencia estatal y la impunidad le han causado y le están causando daños evidentes al país. Sus víctimas preferidas son los grupos o personas que carecen de medios para defenderse o para defender sus derechos.

Lo vemos casi diariamente con el cierre o bloqueo de las vías públicas y, en cuanto a servicios públicos, en las huelgas o suspensión del curso lectivo, por horas o por días, cuando a algún dirigente se le ocurra o le venga en gana.

El cierre o bloqueo de carreteras, generalmente en horas de más tránsito, vulnera la libertad de gran número de personas y hasta sus derechos básicos, como la salud, la educación y el trabajo, que los dirigentes sindicales o de asociaciones consideran un triunfo democrático. La suspensión de las clases es motivo de alborozo en los dirigentes de los gremios de educadores que establecen, en este campo, una recia competencia, como manifestación de poder.

El martes pasado les tocó el turno a los porteadores y a los dirigentes de APSE y del SEC, actuando, como siempre, a mansalva y en clara violación de los derechos de millares de personas afectadas, alumnos y padres de familia, mediante el bloqueo de calles y clausura obligada de aulas. En esta ocasión los dirigentes, los que suelen presentarse como defensores de los derechos humanos, pisotearon los derechos y la dignidad de las personas con frescura sin igual.

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Beatriz Ferreto, dirigente política de APSE y experta en la violación de los derechos de padres y alumnos, anunció, anteayer, una vez más, “una huelga general indefinida de todos los trabajadores del sector público”, y el diputado Villalta, fiel a su causa y a “las grandes mayorías”, respaldó, ese mismo día, “estas luchas” sociales (bloqueos y cierre de aulas), precisamente las mismas que transgreden, impunemente, las leyes y derechos de los costarricenses.

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