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Actualizado el 13 de junio de 2012 a las 12:00 am

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Una noticia –de ayer– que, como tantas, pasará sin pena ni gloria' Dice así: “Sala IV frena tarifas y hunde a Japdeva en caos financiero”, mientras estudia un recurso de amparo interpuesto por las navieras y los exportadores, presentado el 29 de mayo pasado.

Todo, por supuesto, a derecho. Sin embargo, como el juego entre el gato y el ratón es frecuente en nuestro diario vivir, ya uno no sabe si se trata de un juego, de una argucia, de una trampa o de otra cosa. No es la primera vez que en medio partido se va la luz' Manejar estos hilillos forma parte de cierto profesionalismo. Recordemos la inolvidable resolución del Tribunal Administrativo del MOPT que, pocas horas antes de ponerse en marcha el proyecto interlíneas en San José, todo se derrumbó. Un gran esfuerzo técnico y legal para nada.

El zipizape, pues, entre el Estado, los consumidores, las empresas, Japdeva, el sindicato, los trabajadores, los exportadores, los importadores, la provincia de Limón y, en fin, todo el país, dada la magnitud del conflicto, no tiene fin ni, al parecer, lo tendrá. Somos expertos en estos pleitos. ¿Desde cuándo dura este? No se sabe a ciencia cierta, aunque lo cierto no es la duración, sino el costo. ¿Cuánto le cuestan al país estos conflictos? Al parecer, nadie lleva la cuenta. Posiblemente, a nadie le importa.

No señalamos culpables. Así somos. No somos desarrollados porque no queremos. Algunos datos nos iluminarán. Uno mayúsculo: gracias a la decisión citada de la Sala Cuarta, Japdeva retorna a las tarifas del 2003. Es decir, Japdeva mantuvo las mismas tarifas casi por 10 años. De película. Y si las aumentó en buena hora, fue porque la Contraloría la obligó. Cualquiera creería que la junta directiva de Japdeva ha estado integrada por representantes de las empresas, de los bananeros, piñeros, exportadores etc. Se han visto cosas tan raras en nuestro país que, desde hace tiempo, hemos perdido la capacidad de sorpresa.

En estas condiciones no es de extrañar que Japdeva adeude 1.000 millones a tres empleados, que le ganaron un juicio; le debe 1.100 millones a Incofer; debe pagarle 700 millones del percentil 35 a varios trabajadores; mantiene una deuda con Recope, y no tiene recursos para satisfacer necesidades básicas en el orden técnico. Japdeva, además, tiene ingresos anuales por 28.000 millones, pero el 80% de sus recursos van al pago de salarios.

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Lo cierto es que por los muelles de Limón y Moín pasa el 83% de la mercadería del país, exportación e importación, lo suficiente, al parecer, para mantener un puerto de primer nivel. Sin embargo, no queremos. O no podemos.

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