En su voto de mayoría, el Tribunal de Juicio de Hacienda confirmó que el expresidente de la República, Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, recibió $819.480 en dádivas por la adjudicación hecha a la empresa Alcatel para la compra de 400.000 líneas de telefonía GSM.
Así lo consignaron las juezas Rosaura García Aguilar e Ileana Méndez Sandí en la sentencia completa del llamado caso ICE-Alcatel, la cual fue dada a conocer ayer.
Mientras, en un voto de minoría, el tercer juez del Tribunal, Jorge Camacho Morales, consideró que no hay fundamento probatorio de que tales transferencias provinieran de un hecho ilícito.
Los dineros, según la sentencia emitida el pasado 10 de mayo, procede de Alcatel CIT y fueron transferidos a cuentas de Servicios Notariales QC S. A., la cual posteriormente las trasladó a José Antonio Lobo Solera.
Solera recibió en siete transferencias $2.560.000. De esa suma, pasó a Miguel Ángel Rodríguez $819.480, se consigna en el fallo.
Otros imputados en este caso como Édgar Valverde, expresidente de Alcatel Costa Rica; Luis Adrián Quirós, dueño de Servicios Notariales QC; y Guido Sibaja, exfuncionario del ICE, fueron sentenciados a 15 años de cárcel.
También se sentenció al empresario Alfonso Guardia (10 años), al exdirectivo del ICE Joaquín Alberto Fernández (cinco años), al exdiputado Eliseo Vargas (dos años) y al exfuncionario del ICE Eduardo Fonseca (dos años).
Por otra parte, el Tribunal de Juicio de Hacienda absolvió a Rodrigo Méndez Soto.
Para las juezas Rosaura García e Ileana Méndez, es más reprochable la actuación de los imputados Édgar Valverde, Alfonso Guardia y Miguel Ángel Rodríguez que la de José Antonio Lobo.
Mencionan que Lobo siempre estuvo anuente a admitir su responsabilidad en los hechos delictivos y que incluso estuvo anuente a recibir una pena de cuatro años de prisión en un proceso abreviado.
El citado procedimiento no se pudo concretar debido a la negativa de los querellantes Fernando Apuy Sirias y Freddy Coto Varela, señalaron las juezas.
“Si los hechos cuya responsabilidad ha admitido Lobo quedan impunes es por la negativa de Apuy y Coto de admitir la aplicación del abreviado, no porque la Fiscalía, de buenas a primeras ‘chantajeara’ a José Antonio Lobo con el criterio de oportunidad para que compareciera a declarar en este debate”, aseveraron las juezas.
La acción la hizo pública el abogado Rafael Gairaud en la audiencia convocada para la lectura integral de la sentencia.
Gairaud manifestó que ante ese vacío legal, podrían acudir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.