EscucharMientras que un sector del Gobierno corre aceleradamente a firmar tratados de libre comercio con cuantos socios comerciales pueda encontrar, la otra parte tiene que lidiar con uno de los efectos esperados de un tratado de esta naturaleza: el ingreso de empresas y mano de obra de nuestros nuevos aliados comerciales.
No podemos alegar desconocimiento de lo aprobado en dichos tratados. Así, por ejemplo, el capítulo XI del TLC establece que el país debe tratar como nacional a cualquier persona extranjera, tanto física como jurídica, que desee prestar servicios en él. Eso significa que se le pueden solicitar únicamente los requisitos que se le solicitan a cualquier nacional.
Por su parte, el acuerdo de asociación recientemente firmado con la Unión Europea dispone que las empresas de la UE domiciliadas en Costa Rica deben tener el mismo trato que las empresas nacionales y añade un apartado que no posee el CAFTA, que es la presencia temporal de personas naturales para fines corporativos. En este capítulo, se regula la posibilidad que Centroamérica eventualmente permita a los inversionistas europeos establecidos en su territorio, contratar personal clave o aprendices graduados de la Unión Europea en aquellas actividades económicas reguladas en el acuerdo de Asociación.
Y para terminar con los ejemplos, el TLC con China establece que los países firmantes no podrán imponer limitaciones respecto al número de personas que pueden ser contratadas en un determinado sector de servicios, prescribir un tipo específico de persona jurídica para poder suministrar un servicio o limitar la participación de capital extranjero.
Similares acuerdos encontramos en los Tratados con Canadá, el CARICOM, Chile, México, República Dominicana y Panamá.
Lo anterior no debe sorprendernos, a fin de cuentas un tratado de libre comercio promueve precisamente eso: un tránsito fluido de bienes y servicios. El problema es: ¿cómo realizamos los ajustes necesarios internamente para que el ingreso de empresas de nuestros países socios no impliquen un desplazamiento de la mano de obra nacional?
La tarea es definir con claridad y a la mayor brevedad posible, la política migratoria para conciliar el ingreso a Costa Rica de empresas y mano de obra extranjera y el cumplimiento constitucional que tiene el Estado de velar por el trabajo de los costarricenses (artículo 56) y de dar preferencia al trabajador nacional frente al trabajador extranjero en igualdad de condiciones (artículo 68). El problema es que no está del todo claro cuándo las condiciones son iguales, ni tampoco cómo debe regularse la contratación de extranjeros en las empresas domiciliadas en el país.
Las visas a los chinos. Para ver la importancia de definir urgentemente la posición del país, basta señalar que en días recientes, supimos que con motivo del Convenio de Cooperación entre Costa Rica y China y el contrato de construcción del Estadio Nacional (del cual forman parte las notas diplomáticas intercambiadas), la empresa china encargada de construir el Estadio solicitó el trámite de permisos migratorios para su personal que sería utilizado en obras privadas distintas a la construcción del estadio. Nuestra ministra de Trabajo recomendó no aceptar la solicitud. Esta es una muestra de la falta de uniformidad de criterio del Gobierno entre la política exterior y la política interna.
La política migratoria no puede ser restrictiva, pero tampoco permisiva o complaciente. La Dirección General de Migración y Extranjería debe fortalecer sus lazos con el Ministerio de Trabajo y en conjunto crear una plataforma interna que nos permita resolver de manera eficiente los casos que sin duda veremos con frecuencia, de empresas extranjeras interesadas en iniciar operaciones comerciales acá con motivo de los múltiples tratados comerciales. De esta forma, podremos lograr que la instalación de tales empresas y personal extranjero traído por ellas, sea lo más rápida y sencilla posible y se pueda cumplir el objetivo de dichos tratados: fortalecer el comercio.
En un mundo como el actual no podemos darnos el lujo de cerrar las puertas y poner excesivos trámites para establecerse comercialmente en el país.
Por el contrario, debemos crear un sistema expedito que nos permita recibir a todas las empresas de países socios, que quieran invertir acá, pero evidentemente exigiéndoles cumplir con la legislación laboral como lo hacemos con los nuestros. Esto promoverá la competencia y, sin duda alguna, los consumidores seremos los beneficiados
