En concordancia con el editorial de LaNación, publicado el pasado lunes 30 de julio, y según lo que he venido planteando en este mismo espacio tiempo atrás, me parece que no es tiempo de recalcar los problemas evidentes que han aquejado a este país desde hace muchos años, sino que es hora de que algún presidente o presidenta sobreponga el interés nacional al costo político que representa tomar medidas impopulares pero efectivas, para iniciar un proceso de reversión de los daños causados en las finanzas públicas por administraciones anteriores, y cuyos resultados o beneficios se verán en el futuro, posiblemente en otra administración.
Muchos de los que nosotros mal denominamos como “problemas” son, en realidad, “problemas secundarios” o consecuencias derivadas de un solo “problema principal”, el desmedido gasto público. Si las finanzas del país estuvieran bien, no tendríamos los “problemas” que tenemos actualmente de seguridad pública, de salud, educación, infraestructura, costo de vida, seguridad social, incremento en los combustibles y en los servicios públicos, vivienda, etc., y la principal fuente de ese gasto público desproporcionado que asfixia cualquier esfuerzo o gestión gubernamental, se resume en una sola palabra: planilla.
El abultado presupuesto estatal que tiene a este país al borde de la quiebra, presenta las siguientes características: un crecimiento desmedido e innecesario que año con año nos acerca más al abismo, ya que no se parte de una base sobre cero, sino que se “inflan” y proyectan los mismos gastos del periodo anterior sin ninguna verificación de las necesidades reales; una enorme desproporción entre los gastos operativos, los de inversión y los de la planilla, aumentando los niveles de ineficiencia en su ejecución ya que para poder pagar los salarios al personal, no se puede invertir en nuevos equipos, mobiliario, edificios u oficinas, tecnología, materiales y otros que mejoren no solo las condiciones laborales de las y los trabajadores, sino la prestación de los servicios a las y los usuarios.
Si bien, como se menciona en el citado editorial, la tarea no es fácil, porque existen factores de voluntad política y de legalidad que provocarían una resistencia inmediata por parte de los sindicalistas y de los mismos funcionarios, se puede pensar en un proceso de saneamiento en el futuro que contenga, de alguna manera, la situación salarial de las personas que ingresen a la función pública a partir de un determinado momento, aceptando que a los actuales no se les pueden variar los derechos adquiridos.
Estas acciones deben orientarse básicamente en dos direcciones: la primera es revisar y replantear las estructuras salariales de las instituciones públicas; un salario base que se pueda estandarizar en la medida en que se estandaricen también las clases de puestos utilizados en todas estas instituciones, no hay razón para que lo mismo que hacen las personas en diferentes instituciones tengan un valor distinto, y para ello la misma Constitución Política respalda esta posición. Reconocimiento de la antiguedad en otras instituciones estatales, pero como un porcentaje a la base salarial que permita mantener esta estandarización y además con límites y sujeta a ciertas condiciones de desempeño; a partir de este punto, deben replantearse otros incentivos salariales que hoy solo facilitan el incremento y la diferenciación de salarios no solo dentro de una misma institución, sino también entre instituciones.
Hay muchas profesiones y profesionales a quienes no es necesario retribuirle salarialmente la prohibición del ejercicio particular de su profesión o la dedicación exclusiva en la institución, ya sea porque el mercado está saturado o porque ello no agrega valor a la institución y mucho menos al servicio público. El pago de una carrera profesional reconociendo factores que son más de interés particular que institucional y que tampoco se ve reflejado en la mejora del servicio público. De ahí en adelante, un sinfín de incentivos para profesionales y no profesionales que hoy día se encuentran desnaturalizados en relación con la norma que los creó. Así las cosas, la solución pareciera ser una estructura paralela de salario único para cada clase o nivel de puesto, pero competitiva y relacionada con el nivel de desempeño solo para los nuevos funcionarios públicos del futuro.
El segundo conjunto de acciones es reformular el sistema de evaluación del desempeño para que asigne un valor mínimo a quienes realicen el mínimo esfuerzo y hacia abajo de ese valor se tomen medidas correctivas previas al procedimiento administrativo que desvincule del puesto a quienes solo quieren recibir salario sin trabajar, y por el contrario se brinde estabilidad y otros beneficios laborales a quienes además de hacer bien el mínimo establecido, agreguen valor a su puesto, a su equipo de trabajo y en general a los servicios que brinda la institución que lo contrato. De esta manera y de forma “natural”, irán saliendo del sector público los miles de funcionarios y funcionarias que forman la capa de grasa de este sector y que solo dificultan el funcionamiento del músculo que se requiere para sacar adelante a este país.
Hernán A. Rojas Angulo Director de Recursos Humanos, Defensoría de los Habitantes de la República