Solidarismo y cooperativismo

El Estado debe buscar el desarrollo del solidarismo para el crecimiento económico y social

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El artículo 64, aprobado en 1949por la Asamblea Nacional Constituyente establecía: “El Estado fomentará la creación de cooperativas como medio de facilitar mejores condiciones de vida a los trabajadores”. El año pasado, la Asamblea Legislativa reformó el artículo referido y le hizo un agregado, que se conoce popularmente como el reconocimiento constitucional del solidarismo.

Este añadido estatuye lo siguiente: “Asimismo, procurará el desarrollo del solidarismo como instrumento de crecimiento económico y social de los trabajadores, tanto en el sector privado como en el sector público. Asimismo, reconocerá el derecho de patronos y trabajadores a organizarse libremente en asociaciones solidaristas, con el fin de obtener mejores condiciones de vida y desarrollo económico y social”.

Dicho en otros términos, el Estado debe procurar el desarrollo del solidarismo como instrumento de crecimiento económico y social de los trabajadores, tanto en el sector privado como en el sector público. El Estado debe, asimismo, reconocer a empresarios y trabajadores el derecho a organizarse en asociaciones solidaristas con el propósito de que obtengan mejores condiciones de vida y desarrollo económico y social.

Esta normativa conlleva una aspiración programática que contiene disposiciones que tienen fuerza obligatoria para las autoridades públicas y el Estado. Lo consagrado en el precepto constitucional 64 no se trata de simples fórmulas teóricas. La adición al artículo 64 es una normativa del más alto nivel, con una potencia y resistencia jurídicas superiores a las demás disposiciones legales. Impone a las autoridades y funcionarios públicos, por medio del principio de legalidad, el deber de procurar el desarrollo del solidarismo como instrumento de crecimiento económico y social de los trabajadores.

La modificación al artículo 64 acarrea, necesariamente, una acción y una actitud propositiva, diligente, de las autoridades públicas, en el sentido de emprender el desarrollo del solidarismo y que las personas solidaristas puedan obtener mejores condiciones de vida. Por esto, no es comprensible que no haya asociaciones solidaristas en todos los ministerios, cuando bastaría una directriz de la señora presidenta para que los respectivos jerarcas propicien la creación de organizaciones solidaristas en los despachos en los que todavía no existen. Este hecho podría, inclusive, coadyuvar en el buen actuar del Gobierno, pues son numerosas las asociaciones solidaristas que colaboran con la Red Nacional de Cuido, que es uno de los programas más importantes del Poder Ejecutivo. De este modo se llenaría de profundo contenido el Estado social de derecho y se concretaría un beneficio real proveniente del denominado rango constitucional del solidarismo.

Por otra parte, el cooperativismo y el solidarismo son los motores fundamentales de la economía social costarricense, ambas organizaciones se fundamentan en la solidaridad, en la democracia, en la tolerancia y auspician la colabora- ción entre las diversas clases y sectores sociales, y rechazan el antagonismo por el antagonismo, como instrumento de reivindicación social. Como se vio, ambas entidades sociales son respaldadas por la misma normativa de la Carta Magna. Tienen una visión compartida en muchos aspectos. Por ejemplo: las asociaciones solidaristas respaldan, decididamente, que las cooperativas participen en la administración y gestión de centros de salud de la CCSS tales como clínicas y equipos básicos de atención integral en salud (Ebáis). También, ambos movimientos han desarrollado programas de vivienda con enorme éxito, solucionando los problemas de vivienda de miles de trabajadores costarricenses. A nuestro juicio, ambos grupos sociales deben fomentar la creación del Consejo Nacional del Sector de Economía Social, con independencia del poder público, con el propósito de fortalecer creativa y constructivamente este sector. Verbigracia, el cooperativismo y el solidarismo deben discutir e impulsar una reforma legislativa que amplíe los mecanismos de cogestión, autogestión, participación en el accionariado de las empresas y otras nuevas modalidades de colaboración, en la toma de decisiones en las empresas e instituciones. Todo en la búsqueda y consecución de una democracia social y económica, y de un mejor reparto de la riqueza nacional.

Con ello se satisface, asimismo, el desiderátum de la doctrina social católica, que, conforme al papa Juan Pablo II, ha planteado “propuestas que se refieren a la copropiedad de los medios de trabajo, a la participación de los trabajadores en la gestión y/o en los beneficios de la empresa, al llamado ‘accionariado’ del trabajo y otras semejantes”.

Juan Rafael Espinoza Esquivel Centro de Estudios para el Desarrollo Solidarista (CEDES)

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