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Actualizado el 13 de abril de 2013 a las 12:00 am

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Otra vez nuestro país se cuestiona si es o no conveniente que el Estado brinde los servicios públicos directamente, o que los concesiones a empresas privadas. Evidentemente, de previo a resolver esta pregunta, el país debe formularse otra: cuáles son los servicios que el Estado debe brindar “gratuitamente” al pueblo. ¿Debe el Estado contratar a personas para que trabajen como funcionarios públicos y proporcionen los servicios que el pueblo necesita, o debe el Estado contratar a empresas para que proporcionen tales servicios?

¡Depende! Si el Estado contratara a personas bien calificadas, que sepan hacer su trabajo a cabalidad, que no desperdicien el tiempo, que sean eficientes y eficaces, que no sean corruptas, que sean creativas, y posean todos los atributos necesarios para dar un excelente servicio, entonces el Estado puede y quizás debe dar “directamente” los servicios que el pueblo necesita.

Igualmente, si el Estado puede formular correctamente carteles de licitación pública para contratar empresas bien calificadas, que sepan hacer bien el trabajo, que sean eficaces y eficientes, que no sean corruptas, que sean creativas y posean todos los atributos necesarios para brindar un excelente servicio, entonces el Estado puede y quizás debe brindar los servicios públicos mediante la concesión a empresas.

El dilema se presenta porque tenemos dos realidades comprobadas: El Estado no contrata siempre a las mejores personas para que brinden los servicios; muchas de las personas contratadas a menudo por clientelismo, se sirven cómodamente de las “leyes sociales” y se consideran “la clase trabajadora”, consolidándose en sus cargos con el apoyo de los sindicatos que permiten enajenar al pueblo de sus recursos y sus derechos mediante convenciones colectivas irracionales.

Y cuando el Estado decide contratar a empresas para que brinden al pueblo los servicios que éste mismo sufraga, los funcionarios del Estado hacen mal los contratos de concesión, sin transparencia, sin estudios suficientes y a veces hasta reciben coimas para hacer la vista gorda para supervisar mal las obras si es que las supervisan.

Algunos de los altos personeros del Estado, que no son contratados sino más bien nombrados por nosotros en elección directa, no han querido enfrentarse a su partido político, que les exige clientelismo, para elegir como sus colaboradores a las personas realmente calificadas, probas, esforzadas, inteligentes, sobrias, creativas... Tampoco muchos de los altos personeros elegidos directamente por nosotros se han atrevido a nombrar a colaboradores que no les sean impuestos y que hagan buenas, limpias, transparentes, estudiadas, calculadas, licitaciones públicas.

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La culpa de lo que ocurre la tenemos nosotros los electores, porque no sabemos elegir con cuidado a nuestros gobernantes. Para hacerlo, deberíamos escudriñarlos para dilucidar su personalidad, sus atestados y su carácter, sus costumbres, su confesada ideología y otros aliños. Así nombraremos a personas que poseen el carácter necesario para deshacerse del lastre de la corrupción, de la indiferencia y la irresponsabilidad... La cadena seguirá para abajo: pese al Estatuto de Servicio Civil, estas personas sustituirán a las personas inservibles, aunque la Sala IV tarde uno o dos años en resolver el amparo que los malos interpondrán. El Estado se orientará hacia el bien común y fortalecerá a sus excelentes empleados que no son pocos, y sabrá hacer buen uso de la concesión de obra pública para que podamos recibir servicios de calidad a tiempo.

El poder para resolver sobre la calidad de los servicios públicos reside simplemente en la voluntad de cada uno de nosotros.

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