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Actualizado el 05 de julio de 2012 a las 12:00 am

En vez de promover la libertad de expresión, el Colper la destruye con las normas a que recurre

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El problema con la respuesta del fiscal del Colegio de Periodistas (Colper) a mi artículo titulado “Colper, denúncienos”, no es solo que expone una gran colección de falacias lógicas (desde el tipo ad hóminem hasta la falsa analogía), sino que se sale del tema para guardar un preocupante silencio sobre los puntos de interés público.

Por eso, yo quisiera que nos respondiera dos preguntas:

¿Por qué envió, en representación del Colper, una carta a un periodista, quien ejerce sin título universitario en periodismo, advirtiéndole de que “desde la Fiscalía del COLPER trabajamos en aras de dignificar honestamente (sic) cada vez más nuestra profesión y por ello somos constructores de un ejercicio legal de la profesión” periodística?

¿Por qué en esa misma misiva recurre al artículo 24 de la Ley orgánica del Colper, si este viola flagrantemente la Convención Americana sobre Derechos Humanos?

Sobre la pregunta 1. Fiscal, si asumimos, como usted lo hace en su carta, que en el Colper son “constructores de un ejercicio legal de la profesión” periodística, podemos derivar, por pura lógica, que existe también algo llamado “ejercicio ilegal de la profesión periodística” (para que haya una conducta legal debe haber una ilegal). Siendo así, yo acepto de nuevo que tengo cinco años de ejercer el periodismo de forma ilegal. Y, por lo tanto, mi conducta estaría tipificada en el Código Penal. Al ser el ejercicio ilegal de la profesión un delito de acción pública, el Colper estaría plenamente legitimado para denunciarme ante el Poder Judicial.

Sin embargo, lo anterior es absurdo, pues en 1995 la Sala Constitucional, basada en el criterio de la Corte Interamericana de 1985, declaró inconstitucional el artículo 22 de la Ley de Colper, donde se establecía que “Las funciones propias del periodista, solo podrán ser realizadas por miembros inscritos en el Colegio”, con lo que el Colper perdió el monopolio de autorizar el acceso a los medios de comunicación para que todos expresemos ideas libremente

Duda: entonces, ¿por qué el fiscal usó las palabras “ejercicio legal de la profesión” en su carta si eso no tiene asidero en el contexto de la profesión periodística? Sobre eso guarda silencio, pero mi opinión es que le gusta, desde su puesto, amenazar con una pistola que dejaron sin balas desde 1985.

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Sobre la pregunta 2. El artículo 24 vigente en la Ley orgánica del Colper, citado a libertad por el nuevo presidente del Colper y el fiscal, establece que “Los cargos de director, subdirector, jefe de redacción o cualesquiera otros netamente periodísticos, deberán ser ocupados únicamente por periodistas colegiados (...)”.

Por lo tanto, esa norma vigente, si bien “castrada” por la eliminación del artículo 22 citado arriba, es el último aliento del cobarde fantasma de la colegiatura obligatoria, y fácilmente se puede concluir que violenta derechos humanos.

Para llegar a ese juicio basta leer este extracto de la sentencia 2313-1995: “la Corte (Interamericana) (...) unánimemente declaró: 1. ‘que la colegiación obligatoria de los periodistas, en cuanto impida el acceso de cualquier persona al uso pleno de los medios de comunicación social como vehículo para expresarse o para transmitir información, es incompatible con el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos’”.

Al exigir la colegiatura para ejercer el periodismo, ese artículo 24 impide “el acceso de cualquier persona al uso pleno de los medios de comunicación social como vehículo para expresarse o para transmitir información”.

Sin embargo, esa norma violatoria de garantías fundamentales, es la que cita textualmente el fiscal en su carta. Así, el propio Colper, en cuyos objetivos institucionales alega promover la libertad de expresión, recurre a normas que destruyen ese derecho. Pero, sobre eso, el señor fiscal decide guardar silencio.

Nota: firmé este artículo como “periodista profesional” y sigo esperando que me denuncien.

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