En el ámbito de los temas de novedad, la clave para la supervivencia está precisamente en saber en qué, cómo y por qué se están cocinado guisos de cambio, y cómo nos impactarán en nuestra cotidianidad de negocios y, más aún, en nuestras obligaciones tributarias.
Hasta hoy se ha mantenido como un velo virginal el concepto de protección de las relaciones que tienen clientes e instituciones financieras.
En concreto, en sus operaciones de cuentas corrientes y de correduría bursátil.
Lo que viene. Estamos a las puertas del rasgado del velo, en el que dichas relaciones íntimas, de la esfera de lo privado, deberán ceder como derechos constitucionales a una apertura de dicha información privilegiada a la Administración Tributaria costarricense.
Y con esta apertura se lleguen a suscribir convenios para el intercambio de información fiscal, como lo es el caso de los ciudadanos españoles y estadounidenses. El primero es para evitar la doble imposición internacional, y el segundo por un adusto convenio para el intercambio de información firmado en 1991.
La muletilla con la que se ha entrado a este tema de trascendencia se convierte en la llamada de atención hecha hace mas de 18 meses por el G20 y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Un riesgo. Sin embargo, hemos hecho un movimiento pendular en que, después de no hacer nada, estamos haciendo más de la cuenta. Esta reacción creará una innecesaria inseguridad en los actores económicos y se atentará contra la bancarización de las operaciones, al menos dentro del territorio nacional.
También se ponen en riesgo la seguridad personal y patrimonial de quienes manejen de manera inevitable su banca a nivel local. Esto aumentará los riesgos de extorsión.
No incluir la figura del juez en la apertura de secretos singulares de orden bancario y bursátil nos parece un error evitable.
Instamos a la Asamblea Legislativa a que haga una prospectiva de que este secreto, en manos perversas, puede ser muy cara socialmente hablando. C.clavefiscal@grupocamacho.com